El presidente Javier Milei envió ayer a la Cámara de Diputados el proyecto de «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», en la que pide al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
El paquete de proyectos de ley enviado al Congreso incluye la privatización de todas las empresas estatales, la suspensión de la movilidad jubilatoria, el endurecimiento de las penas contra manifestantes y la permisividad para el «gatillo fácil» policial, una transformación del sistema electoral, la flexibilización de las normas ambientales y una reforma de la educación, entre otras cosas. También prevé una declaración de emergencia para que se le deleguen facultades legislativas al Ejecutivo por al menos dos años.
Ya en el primer capítulo, Milei anticipa que no busca ayuda del Congreso para gobernar. El proyecto declara la emergencia pública en materia «económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025» y define delegarle al Ejecutivo facultades legislativas para intervenir sobre cualquiera de aquellas áreas. Es decir facultades de monarca por dos años, con la posibilidad de prorrogarlas dos años más.
«Atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales, se dispone la privatización de determinadas empresas públicas», explica el proyecto, abriendo la puerta así a disponer de la privatización de todas las sociedades y empresas del Estado con el objetivo de «generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas», dice el uno de los artículos del proyecto.
Son 41 empresas «sujetas a privatización»: Aerolíneas Argentinas, ARSAT, AySA, Banco de la Nación, la Casa de la Moneda, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Télam, YPF, entre otras.
El megaproyecto dedica particular atención a penalizar la protesta social y, en cambio, extiende la definición de «legítima defensa» para flexibilizar las consecuencias de la mano dura de las fuerzas de seguridad. En el artículo 396 modifica el Código Penal de manera tal que agrava las penas para las personas que se manifiesten en la calle e, incluso, a los que «dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación». Lo más polémico es que pasa a entender por «manifestación» a cualquier «congregación intencional y temporal de tres o más personas».
La iniciativa pone un piso mínimo del 15 por ciento para todas las exportaciones. Las excepciones son las que se hicieron públicas en los últimos días por presión del sector agropecuario (que consiguió mantener en cero las retenciones a 18 economías regionales). Para el sector vitivinícola y subproductos del limón, y para el sector de hidrocarburos y minería, se mantienen congeladas en 8 y 4,5 por ciento, respectivamente.
La iniciativa pone un piso mínimo del 15 por ciento para todas las exportaciones. Las excepciones son las que se hicieron públicas en los últimos días por presión del sector agropecuario (que consiguió mantener en cero las retenciones a 18 economías regionales). Para el sector vitivinícola y subproductos del limón, y para el sector de hidrocarburos y minería, se mantienen congeladas en 8 y 4,5 por ciento, respectivamente. La industria nacional, al tacho.
Incluye además varias regresiones en materia ambiental. Modifica la Ley de Bosques, habilitando el desmonte en zonas antes prohibidas y le quita el financiamiento proveniente de las retenciones. Modifica, a su vez, la Ley de Glaciares para permitir la actividad minera en ambientes periglaciares.
