La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) manifestó su «repudio» al proyecto de ley ómnibus presentado por el Gobierno nacional que consideró «un retroceso de las políticas en discapacidad».
«Llama la atención que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) deje de estar en la secretaría General de la presidencia, pasando a jefatura de Gabinete y que sus directores sean personas sin discapacidad», señaló la ONG en una publicación difundida en sus redes sociales.
Esta semana el Gobierno nacional oficializó la designación del abogado Diego Orlando Spagnuolo como nuevo director ejecutivo de la Andis,
REDI consideró que el proyecto oficial «implica un claro retroceso en el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de la población en general, y de las personas con discapacidad en particular. También un desguace del Estado, al establecer la privatización de todas las empresas públicas».
La organización social resaltó su «preocupación profunda ante el retroceso en materia de salud mental del proyecto de ley, al modificar los artículos principales de la ley marco 26657 (de Salud Mental), que tanto costó conseguir».
«El proyecto vuelve a facilitar las internaciones en hospitales monovalentes de salud mental (manicomios). Si llega a aprobarse este texto, ya no será necesario el riesgo cierto e inminente para sí o para terceros para decidir una internación forzosa. Como si fuera poco, se retrocede en otra de las grandes conquistas de la ley, al dejar de obligar a terminar con los manicomios. De hecho, se elimina la obligación de internar a personas con problemáticas de salud mental en hospitales generales», añadió la entidad.
La iniciativa oficial elimina el plenario del Órgano de Revisión de la ley de Salud Mental del que forman parte entre otros organizaciones de derechos humanos y de familiares y usuarios de servicios de salud mental.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas recomendó al Estado Argentino en marzo de 2023 avanzar en la externación de las personas internadas, cerrar los hospitales psiquiátricos y ofrecer redes de atención en salud mental integradas en la comunidad, recordó REDI.
«Lejos de poner en práctica estas recomendaciones, el proyecto retrocede al viejo paradigma del manicomio y la internación forzosa», señaló.
También cuestionó la posible eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria propuesta en la ley ómnibus.
«En caso de aprobarse este texto, los incrementos serán discrecionales -decididos por el Ejecutivo-, sin un criterio previsto por ley, y se corre el riesgo de que las jubilaciones y pensiones se congelen, mientras los precios de la canasta básica suben día a día», consideró la ONG:
Además, la organización dijo que la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) «perjudica a las personas con discapacidad porque el organismo es clave para la prevención de la discriminación en la sociedad y para la realización de denuncias».
«Esto afecta directamente a nuestro colectivo, dado que la discapacidad es una de las mayores causas de discriminación denunciadas en el Inadi», resaltó REDI.
Asimismo, repudió «el retroceso que este proyecto plantea en cuanto a la libertad para manifestarse», y «alertó sobre la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo hasta 2025, que puede ampliarse hasta el final de este mandato presidencial. Es grave que un gobierno pretenda acumular todo el poder para tomar decisiones que pueden cambiar nuestra vida cotidiana».
«Por todo esto, desde REDI exigimos a las y los legisladores que no permitan este retroceso en los derechos humanos y en la calidad democrática», concluyó la entidad que reúne a personas con discapacidad.
