El sistema de atención primaria para los jubilados atraviesa un momento crítico tras la entrada en vigencia de la Resolución 1107/2026. La normativa, dictada por la administración de la obra social el pasado 9 de abril pero aplicada de manera retroactiva al primer día del mes, desencadenó un paro nacional de 72 horas que comenzó ayer lunes y mantiene a los consultorios con atención restringida únicamente a urgencias.
El eje del conflicto se centra en un cambio drástico en la modalidad de liquidación de haberes. Los profesionales nucleados en Appamia denuncian que, bajo la apariencia de un ordenamiento, se oculta un recorte sustancial. Hasta marzo, el sistema era mixto: los médicos percibían un monto fijo por afiliado (cápita) de $945, además de pagos por consultas presenciales que rondaban los $10.000. Con la nueva resolución, el PAMI eliminó el pago por consulta e incrementó la cápita a $2.100, lo que en la práctica desploma los ingresos. Un médico que atendía a 400 afiliados y percibía cerca de $1.650.000 mensuales, pasará a cobrar apenas $840.000 este mes, cifra que resulta inviable para sostener el alquiler de consultorios y el pago de secretarías.
Desde las delegaciones de Córdoba y la provincia de Buenos Aires, los representantes gremiales alertan sobre un «colapso total» del instituto. En La Plata, los trabajadores se encuentran en estado de asamblea permanente ante el cierre de oficinas de auditoría y la creciente deuda con clínicas prestadoras, que superaría los 500.000 millones de pesos. Los delegados señalan que esta situación degrada el trabajo del médico de familia, quien funciona como la puerta de entrada al sistema de salud, y advierten que el ajuste impulsado por el Gobierno nacional está vaciando de prestaciones a los afiliados.
La medida de fuerza continuará durante el día de mañana miércoles. Mientras tanto, los profesionales evalúan iniciar acciones legales contra la resolución, al tiempo que denuncian una «atrocidad» administrativa que obliga a muchos médicos a considerar la renuncia ante la imposibilidad de mantener sus servicios en condiciones dignas.
