El paisaje andino, con la paz de los lagos y la frescura de los bosques milenarios, hoy está teñido de un gris asfixiante. La Comarca Andina, que abarca localidades de Chubut y Río Negro a la altura del paralelo 42°, atraviesa días dramáticos mientras las llamas avanzan sobre el Parque Nacional Los Alerces, El Hoyo y Epuyén, la destrucción supera las cuatro mil hectáreas de bosque nativo y pinos exóticos. La conjunción de una sequía extrema con un Estado que parece decidido a mirar para otro lado y fuertes intereses inmobiliarios extranjeros como principales factores.
El fuego se inició el pasado 5 de enero en el acceso a Puerto Patriada y se ramificó con una agresividad inédita. En parajes como Rincón de Lobos y El Pedregoso, las llamas no solo amenazan el ecosistema, sino que ponen en riesgo infraestructura crítica, como la subestación eléctrica que abastece a toda la región desde Esquel hasta Bariloche. Advierten que si el fuego logra sortear los últimos cortafuegos naturales se produciría un colapso energético.
Mientras el suelo arde, la respuesta oficial ha quedado envuelta en polémicas y discursos punitivistas. El gobernador Ignacio Torres ha centrado su narrativa en la búsqueda de «miserables» responsables de la intencionalidad de los focos, ofreciendo recompensas millonarias y agitando fantasmas de enemigos internos. Sin embargo, esta insistencia en la persecución judicial parece ser una pantalla para evitar discutir el vaciamiento estructural de los servicios de emergencia. La utilización política de medios aéreos, como el Boeing 737 Fireliner —un gigante poco efectivo en la compleja orografía montañosa comparado con los ágiles aviones anfibios—, ha sido señalada más como una maniobra publicitaria que como una solución técnica real. La criminalización de personas de la comunidad mapuche es otra de las maniobras, fomentadas desde los mismos intereses que políticos e inmobiliarios que parecen beneficiarse con la grave situación.
La realidad presupuestaria que llega desde el Gobierno Nacional es igual de asfixiante. Bajo la gestión de Javier Milei, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego ha sufrido un recorte que supera el 70% en términos reales respecto a 2023. Esta subejecución sistemática de fondos no solo deja a los brigadistas con salarios que apenas rozan la línea de la pobreza, sino que desmantela los programas de prevención y restauración de bosque nativo que deberían haberse ejecutado durante el invierno. El negacionismo de la crisis climática se traduce aquí en una «prevención cero», donde la emergencia ya desatada es la que activa la reacción de los responsables políticos.
Frente a esta desidia, el verdadero muro de contención lo han levantado los vecinos, bomberos y brigadas comunitarias. Con motobombas improvisadas, machetes y una solidaridad inquebrantable, pasan noches enteras mojando techos y enfrentando el avance de las llamas en la línea de interfase. La organización desde abajo reemplaza la falta de recursos oficiales, con un valor y humanidad que la gestión estatal parece haber perdido.
La catástrofe actual reabre el debate sobre la especulación inmobiliaria y productiva. El intento oficial de derogar leyes que prohíben el cambio de uso de suelo en tierras incendiadas deja una puerta abierta peligrosamente sospechosa. Para muchos pobladores, el fuego funciona como un «rifle sanitario» que limpia el territorio de bosques protegidos para abrir paso a negocios que nada tienen que ver con la sustentabilidad de la región.
Fuentes: Agencia Tierra Viva, Agencia La Vaca, Tiempo Argentino, Página12, otros.
