Un total de 2.658 llamados por motivos de abuso sexual infantil fueron recibidos a la Línea 102 de atención especializada sobre los derechos de las infancias entre octubre de 2020 y septiembre de este año, cantidad que duplica la reportada en los nueve meses previos, en los cuales el número de provincias analizadas fue menor, según datos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
El nuevo registro reúne los llamados recibidos en 20 provincias donde estaba activa la Línea 102 durante ese período (ahora se sumaron otras tres jurisdicciones), según indicaron a fuentes de la Senaf, mientras que en el informe anterior de enero a setiembre de 2020 se consignaron 1.388 comunicaciones por motivos de abuso sexual infantil correspondientes a 17 distritos del país.
Ambos incluyen períodos de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus.
La abogada Vanina Panetta, que trabaja en enlace con la Senaf, destacó que la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) y el aumento de las campañas de visibilización tanto del Estado como de organizaciones de la sociedad civil posibilitaron un escenario de incremento de las denuncias (lo que no quiere decir necesariamente que hayan aumentado los casos).
«Se está rompiendo este pacto macabro entre el abuso y el silencio que son el combo principal para naturalizar estas situaciones de abuso que muchas veces tienen una historicidad familiar muy tapada», enfatizó en diálogo con Télam.
La Línea 102 es un dispositivo federal del Sistema de Protección Integral, de carácter gratuito y confidencial, donde personal especializado en el enfoque de derechos y la perspectiva de género para el trabajo con infancias y adolescencias recibe denuncias y/o pedidos de asesoramiento sobre situaciones de violencias y vulneración de derechos, como el caso de abuso sexual infantil.
Durante este año, la Senaf impulsó, a través la Dirección Nacional de Sistemas de Protección (DNSP), el desarrollo de Mesas Territoriales sobre el Abordaje del Abuso Sexual contra las Infancias y el Embarazo Forzado, en articulación con el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con Unicef.
En las mesas regionales y provinciales participaron autoridades provinciales y equipos técnicos de las áreas de niñez, educación, salud, género, plan ENIA (de prevención del embarazo no intencional) y Poder judicial. Durante los meses de junio a noviembre, participaron 252 personas en las mesas de decisores y 565 en las mesas con los equipos técnicos.
«El armado de estas mesas nos permitió conocer más en detenimiento cuál es la realidad en cada uno de los territorios y cómo es el abordaje a nivel estatal para identificar algunos obstáculos a superar y algunas virtudes a seguir destacando y profundizando», explicó Panetta, enlace entre la Senaf y el Cuerpo de Abogadas y Abogados de Víctimas de Violencia de Género.
A pesar de la existencia de protocolos de actuación, subsisten algunas dificultades en la articulación entre instituciones pero, según la abogada, el armado de las Mesas «va a facilitar la modalidad de consenso y corresponsabilidad que es todavía una deuda del Sistema de Protección de Derechos».
No obstante, resaltó que «hay un gran avance en lo que tiene que ver con la revictimización, que es evitar que niñas, niños y adolescentes que han sido victimizades por personas adultas y/o abusades sexualmente tengan que estar repitiendo en las distintas instancias administrativas y judiciales su vivencia, porque esto es muy traumático para quienes han atravesado este tipo de violencia».
Fuente: Télam
