El viernes pasado se realizó un allanamiento en una propiedad rural de la localidad magdalenense de Ferrari, a partir de un pedido de ayuda urgente de una mujer que había sido amenazada de muerte por su pareja. Gracias a la pronta respuesta institucional, no hubo consecuencias graves que lamentar. Justamente, la problemática fue abordada recientemente en un taller sobre violencias en contextos rurales, llevado a cabo en Magdalena.
“Estoy en un campo de Ferrari. Necesito ayuda”, fue el mensaje al 911 que activó la intervención del Comando de Prevención Rural (CPR) de Magdalena. La mujer, domiciliada en La Plata, logró escapar del campo tras ser amenazada de muerte con un arma. Luego se contactó con la policía, relató los hechos e informó sobre una denuncia previa contra el mismo agresor.
La fiscalía inició actuaciones por “amenazas agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género”. Se ordenó el allanamiento de la propiedad donde ocurrió el hecho. Si bien no encontraron al agresor, hallaron armas de fuego. Mientras la investigación continúa, la Justicia dictó una medida cautelar de restricción de acercamiento.
Afortunadamente, en este caso no hubo que lamentar daños mayores. La intervención oportuna de la Policía y la Justicia tal vez esté relacionada con iniciativas como el programa provincial #MiPueblo.
Solo una semana antes del hecho, se había desarrollado en Magdalena un encuentro de trabajo organizado por la Mesa Local Intersectorial, orientado a la prevención y abordaje de las violencias por razones de género en ámbitos rurales.
Durante el taller —que incluyó análisis de casos reales del territorio— se promovió la reflexión conjunta sobre cómo actuar ante situaciones de violencia en zonas rurales. Entre los principales lineamientos surgidos, se destacó la necesidad de: Fortalecer la formación de los organismos que intervienen en parajes rurales; trabajar en articulación con las escuelas rurales; diseñar estrategias de actuación ante emergencias, considerando dificultades como la conectividad y la necesidad de priorizar el uso del 911.
Participaron representantes de múltiples organismos: Ayudantía Fiscal, Patrulla Rural, Coordinación Zonal de Políticas de Género, CPA, entidades religiosas, Dirección de Familia, Género y Diversidad Sexual, SPB Unidad 36, ONG S.O.S Familia, Hospital de Magdalena, Coordinación de Centros Sanitarios Rurales, Concejo Deliberante, Mujeres Rurales ACEPT N.º 29 Roberto Payró, Comisaría de la Mujer y la Familia, EDIA, psicología comunitaria, Servicio Local de Niñez, CPR y EP N.º 21 del Paraje Starace.
El caso relatado al comienzo tuvo un desenlace sin consecuencias graves, pero refleja una problemática presente en el ámbito rural: la violencia de género —e incluso los femicidios— son una noticia recurrente. La participación trasversal de los organismos estatales, instituciones educativas y espacios comunitarios en el abordaje de la violencia de género y familiar, ayuda a llegar a tiempo.
