El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó hoy un paquete de políticas estatales para luchar contra la violencia de género y aseguró que con las mismas quiere «dar un salto de calidad en las respuestas que se otorgan desde el Estado a la violencia por razones de género». El listado de las medidas anunciadas.
«Muchas veces dije que ante esta cuestión horrorosa, yo como gobernador pero también como varón no debo sacarle el cuerpo», dijo el mandatario y subrayó su compromiso para «acompañar esta problemática y dar respuestas eficaces».
Kicillof formuló esas declaraciones al encabezar junto a la vicegobernadora Verónica Magario; y a la ministra de las Mujeres, Estela Díaz, el acto de firma de convenios del programa Comunidades sin Violencias en el marco del Día Internacional de la Mujer en a Casa de Gobierno.
Estuvieron presentes los ministros de Salud, Daniel Gollan; de Gobierno, Teresa García; de Justicia, Julio Alak; el Subsecretario de Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad, Javier Alonso; y los diputados nacionales Máximo Kirchner y Cristina Álvarez Rodríguez.
En ese marco, Kicillof anunció un Plan Integral para el Abordaje de Casos Críticos y de Alto Riesgo en la violencia por razones de género y la conformación de un comité asesor de especialistas en violencia de género.
Para el mandatario, este tipo de anuncios apuntan a «dar un salto de calidad en las respuestas que se otorgan desde el Estado a la violencia por razones de género».
«Nuestro objetivo desde el punto de vista estructural es erradicar la violencia, pero, mientras tanto, queremos dar un mensaje claro a las bonaerenses diciéndoles que no van a estar solas», afirmó.
El mandatario precisó que con el Plan Integral, su administración busca «involucrar a otros Poderes para integrar políticas y trabajar para lograr la integración con la comunidad porque el Estado solo no es suficiente para dar respuestas».
Luego, planteó que «la coordinación desde los diferentes ministerios debe quedar plasmada en una mesa que coordine todos los enfoques» para que no sea la víctima «la que deba buscar una ventanilla para ser escuchada».
«Es responsabilidad del Estado coordinar iniciativas, programas, instrumentos y dar respuestas integrales y unificadas», continuó.
Añadió que su compromiso «es acompañar esta problemática para que las mujeres sepan que cuando dan el valiente paso de denunciar, van a tener respuestas efectivas».
En tanto, la ministra Díaz dijo que el Gobierno está «a la altura de los desafíos que toca atravesar en el abordaje de un tema que duele como es las violencias por razones de género».
Rememoró que, al asumir, encontró «dispersión, fragmentación y falta de políticas reales» en la materia en una provincia con 17 millones de habitantes y 135 municipios».
Así, dijo que «los femicidios son la punta del iceberg», apuntó que «el 30% de las relaciones de pareja viven situaciones de violencia de género», por lo que el Gobierno se planteó «trabajar todos los aspectos de la violencia y no sólo la doméstica o familiar, sino la desigualdad estructural».
«Venimos articulando políticas con fuerte territorialidad. Ahora hay un gobierno presente para abordar problemática», añadió Díaz.
Díaz, anunció la creación de la Mesa Interministerial para el Abordaje de los Casos Críticos y de Alto Riesgo «para que los ministerios articulemos con los demás Poderes y con los municipios para construir procesos e intervenir».
Anticipó que se creará desde el Poder Ejecutivo 20 oficinas de violencia de género, una por departamento judicial, con el propósito de abordar la tarea con una «perspectiva de acceso de derechos».
Participarán representantes de distintos ministerios, y se invitará a la Suprema Corte y al Ministerio Público a participar con referentes en una iniciativa que busca «dar respuestas concretas».
La ministra además anunció que se lanzará una campaña comunicacional de prevención, indicó que habrá nuevas iniciativas para profundizar la educación sexual integral, dijo que las trabajadoras de la línea 144 pasarán a ser empleadas estatales y detalló que en las distintas políticas se pondrá el foco no sólo en las víctimas sino también en las masculinidades.
Durante el acto se firmaron convenios con intendentas bonaerenses como Mayra Mendoza (Quilmes), Marisa Fassi (Cañuelas), Blanca Cantero (Presidente Perón), Mariel Fernández (Moreno) y María Celia Gianini (Carlos Tejedor) en el marco del programa Comunidades sin Violencia.
Luego, Alak anunció que se pondrá en marcha «una matriz de riesgo unificada, con 74 categorías» para que todas las áreas del Estado puedan «evaluar con criterios comunes los casos más extremos de violencia».
«Esta matriz permitirá tener información ajustada, poder jerarquizar la problemática, tener reacciones rápidas ante casos graves, administrar recursos para atender casos de gravedad», dijo y anticipó que se trabajará para fortalecer los juzgados de familia, criminales y de paz, «y en el Ministerio Público, las fiscalías especializadas en violencia de género».
Luego, expuso que como los botones antipánico fueron insuficientes como herramienta de prevención, se ofrecerá a los municipios la posibilidad de usar pulseras duales con control satelital.
A su turno, Gollan adelantó que desde el Ministerio de Salud «se desarrollarán dispositivos para dar respuestas institucionales a la violencia de genero al interior de las instituciones y hacia la comunidad que se va a atender».
«Vanos a fortalecer esos equipos con infraestructura y medios para que en cada hospital pueda haber equipos que registren y ordenen estos hechos de violencia. Se trata de dar una batalla cultural todo los días para acorralar las lógicas perversas del patriarcado», dijo.
En ese tono, Alonso advirtió que Seguridad fortalecerá los equipos interdisciplinarios «para que en cada comisaría de la mujer haya psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales» y expresó que «los planes locales de seguridad de cada municipio tendrán una política de genero».
Anunció que «las 131 comisarías de la mujer y las 1.000 dependencias de seguridad, comandados de patrulla y policía local recibirán capacitaciones específicas para poder trabajar con la matriz unificada de análisis del riesgo y que la información tenga un mismo tratamiento en toda las áreas del Estado».
A la vez, dijo que como en los últimos cinco años hubo 6.600 policías denunciados por sus parejas por violencia de género, se creará «una auditoría especializada en denuncias por violencia de género para poder tomar prioritariamente esos sumarios» y dijo que se evaluará cada caso para determinar «si deben ser desafectados, si se les debe sacar el arma o pueden volver al trabajo».
Finalmente, García anunció que dentro de un mes, «ingresará un proyecto de ley integral de violencia de género en la Legislatura» porque la normativa actual tiene 20 años y necesita ser actualizada.
Magario celebró que el Gobierno «escuche a las mujeres» e implemente «políticas públicas para proteger a las mujeres y generar derechos que tengan que ver con la igualad, la soberanía y la justicia».
LAS MEDIDAS
El paquete de medidas para luchar contra la violencia de género anunciadas hoy por el gobernador Axel Kicillof y la ministra de las Mujeres, Estela Díaz, contempla:
● La firma del Convenio Comunidades sin Violencia, que financia 3 líneas de trabajo con un fondo inicial de $500 millones para:
● Fortalecer los equipos locales de políticas de género de cada municipio,
● Construir o remodelar infraestructura para ampliar la Red de Hogares de Protección Integral que albergan a mujeres y familias en situación de violencia y las casas de medio camino.
● Desarrollar vías de acceso al trabajo para mujeres y LGTBI+, en articulación con las escuelas de formación en oficios. También se prevé la atención a varones que ejercen violencia.
● Un Plan integral para el Abordaje de Casos Críticos y de Alto Riesgo en la violencia por razones de género. Se trata de una mesa interministerial integrada por las carteras de Mujeres, Justicia y Derechos Humanos, Seguridad, Salud, Comunicación Pública y Gobierno mediante la cual:
• Se impulsará una nueva ley integral de violencia de género para la Provincia de Buenos Aires.
• Se establecerá una matriz de riesgos unificada con indicadores y alertas tempranas.
• Se garantizará en los 135 municipios de la PBA la implementación de los dispositivos de tobilleras que se colocan a los agresores en casos de alto riesgo.
• Se pondrán en funcionamiento 20 Oficinas Provinciales contra la Violencia de Género.
• Se reforzarán los equipos de la Dirección de Acceso a la Justicia y personal de esa estructura que cumplirá funciones en el ámbito de las oficinas provinciales contra las violencias de género.
• Se reforzarán los equipos de la Dirección de Asistencia a la Víctima, el área de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense para dar adecuada respuesta al incremento de tobilleras.
• Se implementará un programa de evaluación, seguimiento y tratamiento para personal de la policía bonaerense denunciados por violencia de género.
• Se fortalecerán los equipos interdisciplinarios con los que cuentan las Comisarías de la Mujer y la Familia las comisarías (de seguridad) con personal especializado.
• Se conformarán equipos interdisciplinarios de abordaje integral de las violencias en Hospitales Generales Provinciales.
• Se implementará un Sistema de Registro de Situaciones de Violencia Familiar y por Razones de Género en el Sistema de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
• Se solicitará a la Suprema Corte de Justicia (SCJPBA) la creación de un área jerarquizada para el abordaje y planificación de políticas judiciales en materia de violencia de género.
• Se solicitará a la SCJPBA completar el proceso para poner en funcionamiento una aplicación para la centralización y accesibilidad de denuncias, que compartirán los Ministerios de Mujeres, Justicia y Seguridad, así como la Suprema Corte y el Ministerio Público.
• Estatizar la línea 144.
– La creación de un Comité Asesor de Especialistas en violencia de género integrado por
• Ana María Fernández, profesora en la Facultad de Psicología de la UBA.
• Ileana Arduino, preside el área de Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
• Laura Giosa, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).
• Adriana Coliqueo, abogada, presidenta del Colegio de abogados Avellaneda-Lanús.
• Néstor Artiñano, decano de la Facultad de Trabajo Social,
• Susana Chiarotti, abogada feminista de prolongada trayectoria internacional en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
• Enrique Stola, médico especialista en Psiquiatría y Psicología Médica.
Fuente: Télam
