El municipio de Castelli se convierte desde hoy en el primer distrito bonaerense en aplicar el cobro de un impuesto a los productores rurales, con el objetivo de costear la construcción de un pabellón que duplicará la capacidad hospitalaria del distrito, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
«Estoy muy satisfecho porque la justicia fue contundente y rechazó un intento de suspender un tributo al sector con mayor capacidad tributaria de nuestro distrito que nos permite lograr más recursos y equipar nuestro hospital municipal para hacer frente a esta emergencia sanitaria», destacó en declaraciones Francisco Echarren, intendente municipal de Castelli, luego de que la justicia fallara a favor de su decisión.
Se trata de una medida dispuesta por el jefe comunal de esa localidad bonaerense quien, a fines de marzo, resolvió por decreto la creación de un fondo de emergencia para la comunidad en caso de que se desate la pandemia a nivel local.
El cobro del impuesto había quedado en suspenso debido a una medida cautelar solicitada por el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo, que buscaba frenar el tributo destinado a dueños de grandes extensiones de campo, y finalmente fue desestimado por la justicia.
En la sentencia, el juez en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Dolores, Antonio Marcelino Escobar, alegó la “inexistencia de verosimilitud en el derecho del peticionario”, por lo que resolvió rechazar la medida cautelar requerida por Bugallo.
En este sentido, el intendente de Castelli destacó la importancia de la resolución, al considerar que «es un antecedente muy importante» para que también a «nivel nacional se pueda gravar a quienes tienen mayor capacidad contributiva, y hagan un aporte a la situación sanitaria y económica del país».
La decisión de la justicia de Dolores se conoce mientras que el oficialismo, a nivel nacional, elabora un proyecto de ley para gravar a las grandes fortunas del país con un impuesto, por única vez, destinado a atender las necesidades sanitarias que genera la propagación del virus en el país.
En la sentencia, el magistrado sostiene que el tributo al campo está destinado “a atender los gastos necesarios para una mejor prestación del servicio de salud en un hospital municipal frente al eventual avance de personas infectadas con COVID-19 y que requiriesen internación y asistencia” y “valorarse aún más en el contexto propio de la emergencia sanitaria con riesgo cierto a la salud y la vida de las personas por la que está atravesando el mundo, el país y el municipio demandado”.
«La Justicia fue muy contundente sobre todo en un concepto fundamental que se refiere a la igualdad ante la Ley, siendo la misma para iguales», dijo el intendente Echarren, quien sostuvo además que «en materia tributaria y por el principio de razonabilidad los que mayor capacidad tributaria tienen son los que tienen que pagar más y el juez lo ha dejado muy claro».
De esta manera, en la jornada de hoy deberá hacerse efectivo el pago, por única vez, del impuesto que será segmentado por el tamaño de las haciendas, con el que se costeará la construcción de un pabellón que duplicará la capacidad hospitalaria del distrito.
El decreto municipal, que se convalidó vía ordenanza, sobre la contribución obligatoria a los productores rurales establece que, de acuerdo a la extensión del terreno que posean, deberán abonar entre 9 mil y 42 mil pesos, para conformar un fondo que será destinado a equipamiento para el sistema sanitario local.
Asimismo, detalla que el mismo estaría conformado por la “contribución especial” de parte de los productores rurales de la zona, unos 40 mil pesos del sueldo del jefe comunal y 15 mil del de los concejales, y en el caso de no llegar a utilizarse, el dinero será devuelto a los productores, aclararon desde el Ejecutivo municipal.
