Una demanda colectiva que se tramita en un tribunal federal de Nueva York apunta directamente al presidente argentino Javier Milei. Según informó hoy el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, los impulsores de la acción judicial acusan al mandatario de haber emitido una “declaración promocional altamente engañosa” en relación al lanzamiento del token cripto $LIBRA. El escrito judicial sostiene que la publicación fue “estratégicamente planificada» con una «falsa apariencia de legitimidad y afiliación gubernamental”
El escrito judicial, presentado por los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin ante la jueza federal Jennifer Rochon, sostiene que la publicación del presidente fue “estratégicamente planificada para dar a $LIBRA una falsa apariencia de legitimidad y afiliación gubernamental”, lo que habría llevado a “decenas de miles de consumidores razonables” a confiar en el proyecto.
Aunque la acusación contra Milei no implica, por ahora, consecuencias legales directas, los abogados consultados advierten que podría derivar en reclamos más amplios, incluso hacia el Estado argentino, si la demanda avanza favorablemente para los demandantes.
La acción judicial se centra en el empresario estadounidense Hayden Davis y su empresa Kelsier Ventures, señalados como principales responsables del lanzamiento y colapso del token el pasado 14 de febrero. También incluye acusaciones contra Benjamin Chow, referente de la plataforma Meteora, a quien se lo señala como colaborador oculto del supuesto fraude.
En total, se encuentran congelados más de 57 millones de dólares en billeteras virtuales vinculadas a Davis. Los demandantes buscan que la jueza mantenga el congelamiento hasta el final del proceso, ante el riesgo de que los activos sean trasladados a jurisdicciones offshore y desaparezcan.
En un intento por recuperar control sobre los fondos, Davis propuso transferir parte de los tokens $LIBRA a la Argentina, bajo la iniciativa “Viva la Libertad”, lo cual sería supervisado por el tribunal. Argumentó que su intención era demostrar su voluntad de cooperación y así cerrar la investigación penal que enfrenta en Buenos Aires. Sin embargo, los abogados de la demanda sostienen que esta maniobra es otra forma de “lavado” y evasión de la Justicia.
La jueza Rochon deberá ahora decidir si mantiene la causa en Nueva York —donde residen algunos de los acusados— o si acepta trasladarla a Texas, como solicita la defensa. Según los demandantes, existe un riesgo concreto de que los fondos sean transferidos a terceros países con baja supervisión, como Singapur, Panamá o las Islas Vírgenes Británicas.
La demanda colectiva pone de relieve las implicancias legales que puede tener una declaración pública realizada por una figura institucional, como el Presidente de la Nación, en el volátil y aún poco regulado mundo de las criptomonedas.
