El gobierno de Javier Milei ha tomado una medida controvertida en relación con el escándalo de $Libra, la criptomoneda vinculada a la administración presidencial. En un decreto reciente, la Casa Rosada nombró a María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, como encargada de investigar el caso. Desde que asumió, el gobierno ha separada de sus funciones o expulsado de su partido a más de 120 funcionarios, lo que pone en duda las posibilidades de investigar imparcialmente y con profundidad de una funcionaria que depende del ejecutivo para continuar en su cargo.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, designó a Zicavo, como responsable de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para indagar el rol del Gobierno en la promoción de la criptomoneda $LIBRA. La decisión fue oficializada a través de la resolución 72/2025, publicada en el Boletín Oficial.
Zicavo también fue responsable de despojar a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) de sus facultades. La CONADI es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. Su rol principal es garantizar el derecho a la identidad de las personas, especialmente en casos de adopciones irregulares o situaciones en las que se busca la restitución de la identidad de personas que han sido víctimas de delitos de lesa humanidad, como en el caso de los bebés desaparecidos durante la dictadura.
La nueva UTI estará bajo su supervisión y se enfocaría en determinar posibles hechos de corrupción relacionados con la criptomoneda. Sin embargo, la asignación de Zicavo a este cargo ha generado críticas, ya que su vinculación directa con el presidente y su historial en la CONADI hacen dudar de la imparcialidad de la investigación.
Zicavo, cuya tarea será recabar información de diversos organismos y colaborar con el Poder Judicial, trabajará en un entorno de total opacidad. Según el decreto, la información obtenida no será pública, sino que estará restringida y controlada por el propio Gobierno.
Milei ha echado de su gobierno a más de 120 funcionarios, en la mayoría de los casos por pequeñas diferencias de criterio. Para la mayoría de los analistas, es muy poco probable que Zicavo pueda avanzar en una investigación independiente sin ser separada de su cargo.
