En su estrategia de arrojar medidas y hacer anuncios de impacto para sacar del centro de la escena al escándalo internacional del criptofraude que lo tiene como protagonista, el presidente Javier Milei le pidió al gobernador Axel Kicillof que renuncie a su cargo y lanzó la amenaza de intervenir la provincia de Buenos Aires. Lo hizo aprovechándose del fogoneo mediático de los últimos hechos de inseguridad.
A través de las redes sociales, Milei expresó que si Kicillof no se retiraba, su gobierno tomaría el control y resolvería el problema de la violencia en un año.
Kicillof, por su parte, denunció la utilización política de la tragedia, acusando a quienes explotan el dolor ajeno con fines electorales. Subrayó que la responsabilidad en los casos de inseguridad es judicial y no se resuelve con medidas punitivas como la baja de la edad de imputabilidad, una propuesta del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Sin embargo, la posibilidad de una intervención federal de la provincia, como sugiere Milei, enfrenta fuertes limitaciones constitucionales. La Carta Magna establece que solo puede intervenirse en circunstancias excepcionales, como para garantizar el orden republicano o ante una crisis de autoridades. Además, cualquier intento de intervención deberá ser ratificado por el Congreso, según lo dispuesto en los artículos 99 y 75 de la Constitución.
Si bien el gobierno de Milei ha mostrado una tendencia a interpretar la ley de manera flexible, la intervención debería cumplir con los requisitos constitucionales y, de ser decidida, tendría un plazo limitado de seis meses, con posibilidad de renovación.
