La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la revocación de los cerca de 300.000 permisos otorgados para cultivar marihuana a través del Registro del Programa de Cannabis (ReProCann). Justificó esta medida señalando que había un desvío hacia la venta ilegal y aseguró que «vamos a empezar de cero». Bullrich, que carece de formación médica y en salud pública, criticó la alta concentración de THC en la marihuana cultivada en el país, argumentando que se trata de una sustancia peligrosa.
El ReProCann, creado en 2021, permite a personas autorizadas cultivar cannabis para fines terapéuticos. A pesar de la legalidad de estos cultivos, la nueva política gubernamental pondría en revisión los permisos emitidos, afectando a los pacientes que dependen del cannabis medicinal.
La decisión se enmarca dentro de una serie de medidas críticas hacia el sector cannábico, que ya había comenzado con una revisión de 140.000 registros en 2024. Los defensores de los pacientes, como el abogado especializado en derecho cannábico Juan Palomino, rechazan estas acciones y sostienen que no hay base científica para invalidar los registros, que han sido fundamentales para muchas personas que requieren cannabis para tratamientos médicos.
Además, el Gobierno había intentado modificar la Ley 27.350 para restringir el acceso a cannabis medicinal, argumentando la saturación de solicitudes. Sin embargo, el sector cannábico y las ONG que apoyan a los pacientes siguen reclamando una regulación más accesible y justa.
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