Luego de una dura huelga de 21 días que paralizó el comercio exterior argentino, los gremios aceiteros cerraron anoche un acuerdo con la agroindustria por un ajuste extra de 10% sobre la paritaria de este año y un piso de 25% para la de 2021, de modo tal de garantizar que en enero el salario básico de la actividad trepará a $93.000. El conflicto, que enfrentó a los empleados con las patronales de uno de los sectores productivos con mayores ganancias del país, funciona como faro para muchos rubros con ganancias empresarias extraordinarias y bajos salarios.
Además se resolvió elevar a $70.000 el bono de cierre de cada año con un ajuste de 35% en línea con el valor final del aumento de este año y otro «adicional Covid” de $90.000 que los dos gremios del rubro habían pedido para compensarles a los operarios las labores desarrolladas durante la pandemia.
Luego de 10 horas de negociaciones, sindicalistas y empresarios acordaron una salida al grave conflicto, que mantuvo paralizados todos los puertos granarios durante 21 días.
«La negociación fue muy compleja, porque había que convenir la revisión de 2020 y determinar el salario de 2021. La mejora desde agosto de este año nunca se acordó hasta esta noche, cuando finalmente pudo emparejarse el proceso inflacionario«, confirmó el abogado de la Federación Aceitera, Matías Cremonte.
Daniel Yofra, titular de la Federación, aseguró esta noche que «se obtuvo la victoria a partir de la conciencia del valor de la fuerza de cada trabajador de cada planta y sector», y añadió que los operarios, en unidad, lograron finalmente vencer «la prepotencia patronal».
El entendimiento de las cámaras empresarias con la Federación de Aceiteros y Desmotadores de Algodón (Ftciodyara) y el sindicato de San Lorenzo (SOEA) avanzaba al cabo de 21 días consecutivos de huelga conjunta con la Unión de Recibidores de Granos (Urgara), una entente inédita en la actividad que mantuvo el conflicto con una parálisis total de las exportaciones granarias en la franja portuaria de Timbúes a Bahía Blanca, el eje de mayor volumen del complejo sojero. Los últimos intercambios contaban con la intervención del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, como canal de diálogo para la definición de la propuesta de consenso.
La dinámica de la negociación promete exponerla como la primera con vigencia en 2021 que saltea la lógica de igualar la inflación –la hipótesis de máxima más usual en la ronda de paritarias de los últimos años- para plantear una mejora efectiva del poder adquisitivo del salario de los operarios. Esa premisa encastra con el último discurso de Cristina de Kirchner cuando destacó la necesidad de que el año próximo los sueldos y las jubilaciones puedan imponerse a la inflación y las tarifas.
La audiencia en la cartera laboral se extendió hasta última hora de anoche y contó con la presencia de autoridades de la principal cámara industrial de la actividad agroexportadora, Ciara, junto con las de las entidades de los productores de biocombustibles (Carbio) y de Aceites Vegetales de Córdoba (Ciavec). La disputa, según las empresas, había ocasionado por día pérdidas por 100 millones de dólares (producto, sobre todo, de las multas por embarques de exportación no efectuados) y la paralización de más de un centenar de barcos y de miles de camiones cargados de productos granarios y de molienda.
La extensión de la pulseada también había motivado preocupación en el Gobierno: el freno a las exportaciones tenía como correlato la ausencia de ingreso de divisas por esas operaciones. Esa dimensión involucró en las negociaciones al ministro de Producción, Matías Kulfas y a Santiago Cafiero y Cecilia Todesca de la Jefatura de Gabinete, además de Moroni. Todos ellos fueron advertidos por los sindicatos de una supuesta intención de las empresas exportadoras de presionar por una devaluación y eventuales ventajas en la política de retenciones que, siempre según las organizaciones gremiales, explicarían la dureza patronal en las discusiones.
La Ciara capitaneó la negociación con Gustavo Idígoras como principal referente, el mismo que preside el Consejo Agroindustrial Argentino, entidad en la que el Gobierno se recuesta como alternativa superadora a la Mesa de Enlace agropecuaria. Esa condición le permitió a la Ciara una llegada de privilegio a los funcionarios durante todas las tratativas. Las empresas expusieron que todas sus ofertas tenían como premisa el sostén del poder adquisitivo de los trabajadores.
Hasta última hora había acuerdo en los siguientes puntos: un 10% de aumento salarial por la revisión de la paritaria que en abril había pactado 25%, de modo tal de cerrar este año con 35 por ciento; a partir de enero otro incremento de 25% por la negociación de 2021 con revisión en agosto próximo; un bono de fin de año de 70 mil pesos y otro de 90 mil pesos en compensación para los operarios que hubiesen desempeñado tareas durante la pandemia.
Fuentes: Télam, Ambito.com
