Después del DNU que declaró servicios públicos esenciales a internet y la tv por cable, Cablevisión Punta Indio y Punta Indio Digital, principales firmas que brindan ambos en el distrito, anunciaron una suba de 200 pesos en cada abono. Los usuarios se indignaron, intervino el Concejo Deliberante y ahora actuarán el ENACOM y el Defensor del Pueblo.
Por Laura Acosta
El Ente Nacional de Comunicaciones y la Defensoría del Pueblo de la Nación tomarán cartas en el asunto luego de que la única empresa proveedora del servicio de videocable del distrito, Cablevisión Punta Indio, y el principal proveedor local del servicio de conexión a internet, Punta Indio Digital, ambas firmas propiedad de Guillermo Silva, anunciaron unilateralmente que a partir del 1 de septiembre los usuarios deberían pagar 200 pesos más por mes. En la última sesión el Concejo Deliberante se aprobó por unanimidad una resolución solicitando tal intervención, luego del reclamo generalizado de los vecinos con el anuncio del aumento.
El anuncio del incremento fue informada por las empresas a los usuarios casi al mismo tiempo en el presidente de la Nación, Alberto Fernández declaraba a la televisión paga, el internet y la telefonía celular como servicios públicos esenciales, lo cual implica una mayor intervención estatal en la regulación de los mismos. Varios usuarios leyeron la decisión de Silva de aumentar los abonos como una nueva arbitrariedad y también como un desafío a la decisión presidencial. Y si bien días después las empresas quisieron justificar esa suba con otro argumento (pagarán 200 pesos extra quienes abonen después del 15 de cada mes), los concejales oficialistas tomaron cartas en el asunto y presentaron una resolución, más allá de que –mencionaron en el recinto- “hay usuarios que denunciaron el caso formalmente en la Defensoría del Pueblo”.
Como el anuncio de la suba se hizo a través de la pantalla de Tele Diez (además de mensajes de texto) después del DNU presidencial, los concejales del Frente de Todos consideraron que se estaba implementando “un aumento encubierto de los servicios que brinda” cada empresa. También recordaron que ante la pandemia y prolongación del aislamiento obligatorio el DNU ordena “suspender cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios y las licenciatarias de TIC”.
Los concejales de la oposición nucleados en Juntos por el Cambio no firmaron el despacho de las comisiones y señalaron a sus pares del oficialismo que no estaban de acuerdo con la resolución, incluso justificando la necesidad adecuar los valores porque “muchos vecinos tienen mucha deuda” y a su propietario “no les cierran los números”. Incluso el mismo miércoles antes de la sesión, los cuatro ediles ex Cambiemos y la banca unipersonal radical se reunieron en la sala del Concejo con Guillermo Silva, dueño de ambos oligopolios. “El representante de la empresa (Silva) reconoció que la forma en que se comunicó que el aumento sería para el segundo vencimiento no fue la adecuada”, señaló Gerardo Landa, presidente del bloque de JxC, al tiempo que agregó que el servicio que se estaba prestando no tenía inconvenientes y que, según Silva, “no sufrían aumentos desde octubre de 2019”.
