«Nunca más una justicia para saldar discusiones políticas

«El presidente Alberto Fernández postuló hoy un «nunca más» a la justicia utilizada para «saldar discusiones políticas» y pidió que esté en «manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión», al presentar la iniciativa del Gobierno de reforma judicial. Las claves de la reforma judicial.

«Sólo busco hacer la República que todos declaman, pero algunos humillaron», expresó el Presidente, al encabezar el acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco; y el futuro consejo asesor de las reformas judiciales.

Tras un repaso histórico sobre el vínculo entre la justicia y los gobiernos que lo precedieron, desde la última dictadura militar, Fernández advirtió que los cuatro años de la gestión de Cambiemos «estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho».

A modo de ejemplo, mencionó el decreto 257 de Mauricio Macri, que suspendió la modificación del Código Procesal Penal Federal, y el hecho de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) «volvió a quedar bajo un manto de sospecha» con el permiso que se le otorgó para manejar «fondos reservados» y «participar de pesquisas judiciales».

«Hemos visto cómo el influjo del poder político y también de otros poderes, fue operando sobre la decisión de algunos jueces», planteó.

«Se hizo uso de doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas; de esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados», remarcó el Presidente.

Consideró, en contraposición, que el sistema judicial «debe apegarse a las normas y abstraerse de cualquier influencia que quiera torcer la imposición de justicia» y, para eso, juzgó que «el poder de la justicia debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión».

«Busco hacer la República que todos declaman, pero que algunos humillaron», manifestó el jefe de Estado y consideró que «nadie debe sorprenderse» de la propuesta de su gobierno porque -recordó- en varias oportunidades, antes de asumir y al inaugurar la Asamblea Legislativa, anticipó su objetivo de «consolidar una justicia independiente».

Ese fin, dijo, se alcanza con una «mejor» organización de la justicia federal para que ese fuero supere «la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento» en su competencia penal.

«La ley debe imponerse en forma igualitaria con prescindencia de quien ejerce el poder y quien resulta opositor», insistió.

El proyecto tiene como columna vertebral la creación de la Justicia Federal Penal con asiento en la ciudad de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico.

Propone también la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías y completar la transferencia de competencias penales a la Capital Federal.

Del acto participaron también los once miembros del Consejo Consultivo: Carlos Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo (por videoconferencia), Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanián, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.

Los once juristas asesorarán al Presidente en varios aspectos del servicio judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la implementación del sistema acusatorio, entre otros.

De esas recomendaciones para una «mejor administración de justicia» saldrán los proyectos de ley que el Congreso deberá debatir, explicó el Presidente, y advirtió: «Ninguna sociedad avanza sin un servicio de justicia que solo responda a la necesidad de imponer la ley allí donde se ha quebrantado».

El Presidente adoptó para su propuesta de «fortalecer» la justicia federal en el interior del país un capítulo sobre esa cuestión, incluido en el programa «Justicia 2020» del gobierno de Cambiemos, presentado ante el Senado por Humberto Schiavoni, Federico Pinedo y Luis Naidenoff, entre otros legisladores ahora opositores.

«Estoy seguro de que no es hora de imponer decisiones: es hora de que esas decisiones seamos capaces de construirlas en conjunto», afirmó el Presidente, para cerrar su discurso, que fue seguido en forma presencial y virtual por legisladores, juristas y académicos.


CLAVES

La reforma judicial que presentó hoy el Gobierno hace énfasis en el reordenamiento y en la ampliación de la justicia federal en todo el país y crea un Consejo Consultivo de juristas, transfiere la competencia penal a la Ciudad de Buenos Aires y fija una serie de «reglas de actuación» para los magistrados federales.

Justicia Federal Penal

Se fusionan los 12 juzgados penales federales con los 11 en lo penal económico y se duplican para llegar a 46 tribunales en el nuevo esquema de la Justicia Federal Penal, que estará ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Los juzgados ya existentes conservarán una de las dos secretarías que hoy tienen y la sobrante se asignará a uno de los nuevos juzgados.

Nuevos magistrados

Se aplicará un sistema de subrogancias para ocupar los nuevos juzgados con intervención de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.

Juicios en curso

El presidente Alberto Fernández aclaró que «la conformación de esta nueva estructura judicial, en nada afecta el principio del juez natural: la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando».

Nuevos juzgados, fiscalías y defensorías

El proyecto propondrá la unificación de las cámaras de apelaciones y la ampliación del sistema de justicia con la creación de nuevos tribunales orales, fiscalías y defensorías. Los concursos que realice el Consejo de la Magistratura para cubrir las nuevas vacantes se deberán realizar por prueba de oposición oral y pública, con todo el proceso registrado con imagen y sonido para su difusión.

Transferencia de la competencia penal a la Ciudad.

La iniciativa del Ejecutivo propone transferir a la Ciudad de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio y así completar la cesión de facultades penales aún pendiente.

Fusión de fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo

Para evitar los conflictos de competencia que demoran los trámites judiciales, el proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso prevé la fusión del fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo.

Fortalecimiento de la justicia en todo el país

El plan para fortalecer la justicia federal en todo el país tomó la iniciativa presentada por el gobierno de Mauricio Macri, en el marco del programa «Justicia 2020», considerando los 114 proyectos de ley que proponían la creación de juzgados federales desde el año 2008. Junto a los nuevos juzgados federales, en paralelo, el Gobierno impulsará la implementación gradual en todo el territorio del Código Procesal Penal Federal.

Consejo Consultivo

La propuesta de ley crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, integrado por once juristas de diversos campos del derecho con antecedentes y prestigio para, en palabras del Presidente, «repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público» y hacer propuestas.

Pautas para jueces.

El Poder Ejecutivo girará al Congreso para su discusión, la siguientes pautas de actuación para los jueces federales:

A. Mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados.

B. Evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de cualquiera de las partes.

C. Garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario.

D. Ejercer sus funciones libres de interferencias.

E. Comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo.

F. Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones, y en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias.

G. Evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciar.