Un 85% de los presos bonaerenses decidió limitar visitas para evitar coronavirus

Casi el 85 por ciento de la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires decidió limitar las visitas de sus familiares como medida de prevención para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus, informaron fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

En tanto, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) le solicitó al Servicio Penitenciario Federal que se extremen todas las medidas de prevención, «teniendo en cuenta que las condiciones de detención, el hacinamiento, los déficits de atención a la salud y la falta de elementos de higiene brinda condiciones favorables» para que los presos sean un grupo de alto riesgo.

La Defensoría General de la Nación (DGN), por su parte, le pidió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la adopción «con carácter urgente, de un protocolo especifico para la prevención y protección del coronavirus en contexto de encierro».

Si bien hasta ayer eran 6.300 los presos bonaerenses que habían decidido no recibir visitas para evitar la propagación de la pandemia, fuentes del SPB aseguraron que hasta esta tarde la cantidad aumentó a más de 36.928 presos que decidieron limitarla de distintas formas, es decir casi el 85 por ciento del total de la población carcelaria en los penales de las provincias, que asciende a 42.968 detenidos entre hombres y mujeres.

Según un comunicado del SPB, en 24 de las Unidades Penales los internos decidieron por voluntad propia suspender el recibimiento de sus familiares o allegados, «tras mantener una mesa de diálogo con autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense y la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, y dicha decisión tendrá vigencia por dos semanas».

Se aclaró que no recibirán ningún tipo de visitas los presos alojados en las en las Unidades 2 Sierra Chica (2.035 presos), la 3 San Nicolás (969), la 4 Bahía Blanca (879), la 5 Mercedes (1.447), la 7 Azul (328), la 10 Melchor Romero (176), la 13 Junín (1.177), la 17 Urdampilleta (888), la 18 Gorina (655), la 19 Saavedra (982), la 20 Trenque Lauquen (125), la 23 Florencio Varela (1.580) y la 24 Florencio Varela (1.599).

También la Unidad 30 Alvear (2.164), la 33 Los Hornos (272), la 37 Bárker (843), la 38 Sierra Chica (901), la 43 La Matanza (2.164), la 46 San Martín (1.094), la 47 San Martín (775), 48 San Martín (1.112), la 50 Batán (95), la Alcaidía Malvinas Argentinas (39) y 54 Florencio Varela (555).

Esto significa que 22.854 privados de libertad eligieron no recibir visitas de familiares o allegados.

En tanto, los presos de otras cárceles decidieron no recibir por el momento visitas de personas menores de 18 años o mayores de 60, embarazadas o que padezcan enfermedades crónicas.

Se trata de los internos en diez penales de la provincia: la Unidad 1 Olmos (2.608), la 21 Campana (1.106), la 22 Olmos (61), la 25 Olmos (222), la 26 Olmos (465), la 28 Magdalena (1.107), la 35 Magdalena (1.481), la 36 Magdalena (745), la 41 Campana (592) y la 57 Campana (554), lo que suma un total de 8.941 presos.

Asimismo, decidieron sólo recibir a familiares directos 5.133 internos de ocho de los establecimientos penitenciarios: la Unidad 8 Los Hornos (233), la 9 La Plata (1.877), la 12 Gorina (169), la 34 Melchor Romero (450), la 39 Ituzaingó (715), la 40 Lomas de Zamora (982), la 45 Melchor Romero (494) y la 51 Magdalena (213).

Finalmente, 796 internos de la Unidad 6 Dolores limitó las visitas solo a los días hábiles y no a los sábados y domingos.

Según el SPB, el monitoreo sobre este asunto continúa y se estima que más internos se sumarán a la restricción de recibir visitas priorizando la salud pública.

Por otra parte, la PROCUVIN solicitó al Servicio Penitenciario Federal que informe si se registró algún caso de coronavirus, sarampión y/o Dengue desde el 1/1/2020 y qué protocolos de actuación se establecieron en todos los establecimientos carcelarios del país.

Además, dispuso la atención telefónica (011-6089-9058/9) para las personas privadas de libertad y para familiares o allegados que necesiten denunciar situaciones que afecten sus derechos, especialmente en los casos vinculados con acceso a la salud.

Fuente: Télam