Cinco militares retirados serán juzgados a partir del próximo 5 de octubre acusados de «organizar, planificar y materializar» los denominados ‘vuelos de la muerte‘ de víctimas que estuvieron secuestradas en Campo de Mayo durante la última dictadura cívico militar. Entre las víctimas se encuentran Adrián Rosace, Adrián Accrescimbeni y Rosa Novillo Corvalán cuyos restos fueron hallados en las costas de Magdalena y Punta Indio.
El juicio será posible gracias al hallazgo de algunos cuerpos y al testimonio de conscriptos que hicieron el servicio militar en esos años y contaron a la Justicia cómo en el Aeródromo del Batallón de Aviación 601 los detenidos eran ingresados a los aviones que los arrojarían a las aguas del Río de La Plata o del Océano Atlántico.
La secretaría de Derechos Humanos es uno de los querellantes de la causa y su titular, Horacio Pietragalla Corti (foto), explicó que «la causa se inicia con pruebas contundentes vinculadas al hallazgo de cuerpos en las costas de Magdalena, Verónica, Punta Indio y Las Toninas«.
«Muchos fueron identificados en Magdalena y enterrados como NN en su momento pero gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se les devolvió la identidad«, indicó el funcionario.
Tal fue el caso de la hermana de Rodolfo Novillo, Rosa Eugenia Novillo Corvalán, quien contó a esta agencia que «pese a que en el año 1977 descubrieron el cuerpo de ‘Tota’ (tal como la apodaban), lo enterraron como NN y recién en 1999, gracias al EAAF pudimos confirmar que se trataba de mi hermana».
Por este ocultamiento, se abrió una causa contra los excomisarios Julio César Morazzo y Moisés Elías D´Elía, autores del encubrimiento del hallazgo de Rosa, quien estaba embarazada cuando fue secuestrada junto a su compañero Guillermo Pucheta, en 1976.
En tanto, el juicio de los vuelos de la muerte ocurridos en Campo de Mayo se realizará desde el lunes 5, y cada lunes, a las 9.30, a cargo del Tribunal Oral Federal número 2 de San Martín.
También son partes acusadoras la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, el abogado Pablo Llonto en representación de las víctimas, y por el Ministerio Público fiscal intervendrá Marcelo García Berro, en tanto que el debate será transmitido a a través de una cuenta de la red social Twitter.
Pietragalla Corti agregó que, desde la asunción del gobierno de Alberto Fernández, existe el «compromiso de acelerar los juicios a fin de evitar la impunidad biológica» debido al tiempo transcurrido desde la comisión de estos delitos de lesa humanidad.
El funcionario recordó también «el espanto» que generaron las declaraciones del exmarino Adolfo Scilingo en los años ’90, quien fue detenido y condenado en España a una pena de 1.084 años de cárcel por los vuelos de la muerte.
«Todavía recordamos el horror con el que escuchamos a Scilingo admitir que los vuelos habían existido y que eran el destino final de nuestros compañeros», recordó el funcionario.
En este punto destacó la importancia de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia «sobre todo en épocas en las que aparecen consignas que ya creíamos olvidadas reivindicando lo que se hizo en una dictadura que fue feroz y donde se cometieron delitos aberrantes».
Consideró que las condenas son entonces «necesarias para contrarrestar esas voces que quieren generar violencia y confusión en la sociedad».
En tanto, Llonto valoró los testimonios de los exconscriptos que «permiten, con pequeños fragmentos, la reconstrucción del horror».
«Los testigos relataron que esos vehículos trasladaban bolsas con cadáveres y jóvenes ensangrentados con indicios de haber sido sometidos a largos cautiverios», subrayó.
Las declaraciones de los exconscriptos fueron posibles en gran parte gracias a una campaña de difusión que se realizó en los años 2009 y 2010, en los medios públicos, en la cual se los convocaba a contar si habían visto u oído algo vinculado con este tipo de delitos.
Entre los acusados están Santiago Riveros, quien fue jefe de Institutos Militares y los exaviadores Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza, Eduardo Lance y Alberto Conditi que integraban el batallón de Aviación 601, con sede en el Cuerpo IV del Ejército.
Había otro aviador imputado, Alberto Devoto, pero no podrá ser juzgado por estar su salud demasiado deteriorada.
Entre las víctimas se encuentran Adrián Rosace y Adrián Accrescimbeni, arrojados a las aguas del Río de La Plata y cuyos restos fueron hallados en la zona de Magdalena y Punta Indio, mientras que Rosa Novillo Corvalán, apareció en las costas de Magdalena.
Los imputados enfrentan cargos por privación ilegal de la libertad personal, torturas y homicidio agravado con ensañamiento y alevosía, en todos los casos se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria.
Pablo Llonto: «Este juicio rompe la impunidad del Ejército con los vuelos de la muerte»
El juicio por los denominados «vuelos de la muerte» perpetrados en Campo de Mayo y que comenzará en octubre, rompe la impunidad que hasta hoy tenían este tipo de delitos cometidos por el Ejército, explicó el abogado querellante Pablo Llonto.
Además, a diferencia de los vuelos que partían desde la ESMA -ya juzgados y condenados en 2017- «hay muchos menos sobrevivientes de Campo de Mayo que puedan contar lo que sucedió en esos años».
De hecho la causa se sustenta en gran parte en los testimonios de jóvenes soldados que en aquellos años hicieron la conscripción en ese predio y que fueron acercándose a dar su testimonio como consecuencia de una «campaña de difusión que sería necesario volver a realizar, teniendo en cuenta que aún quedan muchos pilotos, asistentes de vuelo y cómplices por encontrar», sostuvo Llonto.
Frente a la magnitud de la causa, el abogado estimó que «estamos ante la presencia de lo que podría ser el juicio de Vuelos de Campo de Mayo I, porque a medida de que se vayan conociendo nuevos elementos, no tengo dudas de que esta causa continuará».
La campaña de difusión se realizó en los años 2009 y 2010 en los medios públicos, dirigida a los exconscriptos y se emitió en el contexto del Fútbol para Todos.
Llonto recordó que «se pasaba un spot que decía ´el Servicio Militar ya no es más obligatorio, el silencio tampoco. Si sabés algo o viste algo en los años 76, 77 y 78 acerca tu testimonio».
«Y se acercaron a la Secretaria de Derechos Humanos, después el juzgado citó, y entre una cosa y la otra se logró conformar un listado importante para estas declaraciones. De hecho, el procesamiento está basado en un gran porcentaje en esos testimonios», indicó.
El representante legal de las víctimas agregó que la campaña fue retomada luego por varios municipios y sindicatos, y resultó «todo un éxito».
En tanto, otra de las diferencias de este juicio respecto del realizado en los vuelos de la exEsma es que en aquella oportunidad se trataba de «aviones de Prefectura o de Marina, acá son del Ejército».
«Además, Campo de Mayo no estaba relacionado judicialmente con este tema. De esta forma se rompe con la impunidad para crímenes ligados al plan de exterminio», consideró.
Por otra parte, acotó, «a diferencia de otros lugares son difíciles de reconstruir los vuelos, por la ausencia de registros, pero tenemos la esperanza de encontrar alguna vez, alguna documentación».
En noviembre de 2017 la justicia condenó a 29 represores a prisión perpetua por cometer delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención ESMA y por arrojar vivos al mar a los prisioneros en los vuelos de la muerte, en un juicio que demandó cinco años e involucró a 789 víctimas.
Condenaron a 29 civiles y militares a prisión perpetua, entre los condenados se encuentran Alfredo Astiz y Jorge «el Tigre» Acosta, Randolfo Agusti Scacchi, ex jefe naval; Mario Daniel Arrú, ex piloto de la Prefectura encargado de realizar los «vuelos de la muerte» y a Juan Antonio Azic.
Fuente: Télam
