El Senado de la Nación decidió hoy por mayoría simple la creación de una Comisión Bicameral para investigar las deudas que la empresa cerealera Vicentin tomó con la banca pública.
El proyecto que busca echar luz sobre una posible defraudación y estafa comercial a acreedores de la cerealera santafesina, -que se encuentra en concurso preventivo y que había sido intervenida por el gobierno- obtuvo 41 votos a favor y 29 en contra.
La iniciativa presentada por el oficialista neuquino Oscar Parrilli fue respaldada por el Frente de Todos y sus aliados de Juntos Somos Río Negro y el Frente Renovador de la Concordia de Misiones.
En tanto, Juntos por el Cambio y el Interbloque Parlamentario Federal votaron en contra.
De hecho, una vez levantada la sesión, la oposición se quejó de que les cortaron los micrófonos cuando querían dejar asentado que el proyecto no había reunido los dos tercios de los votos.
El debate giró, durante toda la tarde, en torno a la validez de la votación, así como a la legitimidad de la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, sostuvo que la creación de la Bicameral «no requiere de los dos tercios establecidos por el Reglamento de la Cámara porque es un proyecto de ley que puede ser votado con mayoría simple».
Además, aseguró que la Constitución Nacional faculta al Senado a «poder avanzar con esta Comisión investigadora» y reiteró: «No requerimos de los dos tercios porque estamos frente a un proyecto de Ley y no de Resolución».
En cambio, el bonaerense Esteban Bullrich, de Juntos por el Cambio, aseguró que «esto pretende modificar el Reglamento de la Cámara y esa modificación debe ser aprobada por los dos tercios de los votos».
«Las Comisiones que se crearon por Ley se hicieron con mayoría especial», recordó el senador de la oposición.
Por el contrario, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, remarcó que cuando se crearon Comisiones Investigadoras, como la del hundimiento del submarino ARA San Juan, «nunca se habló de mayorías especiales», aunque esa reforma al Reglamento salió por unanimidad.
Además, Mayans mencionó que «el Congreso tiene su misión: las comisiones que investigan, no acusan, deben investigar para llegar a la verdad».
«Sostenemos que crearemos una comisión investigadora pero acá no investigamos a Vicentin, sino al Banco Nación. Nos preocupa saber si el Banco actuó correctamente», destacó.
El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el formoseño Luis Naidenoff, insistió con la mayoría agravada para aprobar la creación de la Comisión porque «en el Reglamento del Senado está escrita la necesidad de determinadas mayorías para la creación de comisiones».
Su compañera de bloque, la jujeña Silvia Giacoppo, denunció, una vez que terminó la sesión, que la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, «abandonó el recinto, cortó el audio sin haber permitido el uso de la palabra al senador Naidenoff para acreditar que no tenían los dos tercios para votar».
Por su parte, el autor de la iniciativa destacó que «este proyecto no fue redactado para tomar venganza, sino porque recibimos la inquietud de muchos productores».
Además, Parrilli acusó a los medios de «querer crear fantasmas: que Cristina viene por la venganza, que nos queremos quedar con todo…».
Antes, la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti defendió el proyecto de Ley argumentando que «no se puede convalidar que se vacíen empresas con fondos públicos y que se deje a un tendal de productores y trabajadores en pampa y la vía y este Congreso haga oídos sordos».
«Necesitamos explicarles a los argentinos por qué una empresa que es la sexta exportadora de granos del país pasó de tener solidez financiera a pedir en el último mes del gobierno de Macri 26 créditos al Banco Nación», dijo la senadora.
Previamente, el opositor Martín Lousteau habló de «atropellos y abusos» del oficialismo contra las empresas privadas.
Además, indicó que «durante mucho tiempo los bancos públicos se quedaron con los malos créditos» y agregó: «Si queremos saber qué pasó, está la auditoría interna del banco, la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) y hay una causa penal».
El peronista disidente Juan Carlos Romero aseguró que la creación de la Comisión Investigadora no servirá para imputar a ex funcionarios del gobierno anterior.
«Se va a saber muy pronto que esta empresa se fue endeudando con el Nación desde el 2003 hasta acá. Ya les pasó con la denuncia de la fuga de capitales: resulta que los principales compradores de dólares eran amigos del kirchnerismo», afirmó Romero en referencia a una denuncia de que el dinero que prestó el FMI había sido retirado del país por ex funcionarios del gobierno de Macri.
Fuente: Télam
