La provincia de Buenos Aires presiona a la Corte Suprema de Justicia para que saque a flote la demanda que presentó en los inicios de 2024 por las deudas del Gobierno nacional con la jurisdicción y los recortes a diversos programas. En los despachos del máximo tribunal ya se acumulan siete denuncias de la Provincia, pero este martes la Fiscalía de Estado realizará una presentación concreta por los fondos de ANSES.
Según explicó el gobierno de Axel Kicillof, se trata de 1,6 billones de pesos que la administración nacional adeuda a las arcas provinciales. Otras presentaciones judiciales tienen que ver con el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el de Transporte Interior, el Fondo de Incentivo Docente y el de Bosques Nativos, entre otras.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo que el de los montos previsionales es el ítem más elevado de todos los fondos adeudados, que alcanzan a un total de 12,1 billones de pesos en lo que va de la gestión libertaria.
En palabras del ministro, la presentación de la Fiscalía que está a cargo de Hernán Gómez, se debe a que en los últimos meses se produjeron movimientos en otras causas similares que llevaron adelante otras provincias.
En concreto, lo que se le va a solicitar desde la Provincia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que se expida sobre su competencia para atender en la causa, dado que hasta el momento solo hay un dictamen de la Procuración General; como así también que fije una audiencia de partes, tal como lo hizo con las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Por caso, la semana pasada el gobernador cordobés, Martín Llaryora, anunció un aumento del 84,21 por ciento en las jubilaciones mínimas y, aunque explicó que esos pagos se mantendrán “mientras Córdoba siga recibiendo esos recursos”, resaltó que el incremento fue resultado de que esa provincia comenzara a recibir los fondos reclamados a la Nación.
El detalle de deuda
En la habitual conferencia de prensa de los lunes, el ministro de Gobierno ofreció un informe que da cuenta del origen de esa deuda, que se concentra en tres tipos. Por un lado, las deudas directas por unos 3 billones de pesos, entre ellas las previsionales. También están las compensaciones del consenso fiscal 2017, el convenio de asistencia financiera 2023, equipamiento de diagnóstico por imágenes, el fondo de compensación del transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país y el fondo de fortalecimiento de la infraestructura portuaria bonaerense.
En segundo lugar se ubican los saldos de obras públicas comprometidas, que alcanza unos 6,9 billones de pesos y que incluye unas 180 obras de ejecución directa de Nación y convenios por unas 670 obras conjuntas; 6578 casas del ya extinto plan Procrear y otras 9752 proyectadas en el programa Casa Propia + Reconstruir.
Finalmente, la discontinuidad de programas nacionales, por montos que ascienden a los 2,2 billones de pesos, que incluye entre otros, al Fondo de Incentivo Docente (FONID), pedidos de asistencia ante emergencias climáticas y la continuidad del programa Acompañar para víctimas de violencia de género.
“Nos va a salir muy caro”
En una línea similar se expresó el ministro y candidato a senador, Gabriel Katopodis, expuso sobre la parálisis en la obra pública, que alertó que “el objetivo político” de la gestión de Javier Milei es “quebrar a la Provincia de Buenos Aires”.
“El Gobierno Nacional se queda con plata, se roba la plata de la Provincia de Buenos Aires. Se queda con plata que es de las provincias y que tiene una afectación específica en infraestructura”, sostuvo el ministro, en relación a los diversos impuestos que se cobran a nivel nacional y deben ser destinados a obras o mantenimientons puntuales. “Parte de esa plata es con la que, de alguna manera, dibujan el superávit del que todo el tiempo quieren hacer campaña”, sumó Katopodis.
Así como lo hizo cien días atrás junto a intendentes de la Provincia y otros puntos del país, focalizó en las mil obras que continúan paralizadas desde el 10 de diciembre del 2023, de las que casi el 50 por cient están situadas en la Provincia de Buenos Aires.
El funcionario sostuvo que la administración libertaria “tendría que haber ejecutado aproximadamente el 50 por ciento” del presupuesto y “solamente devengó, no sabemos si lo pagó, pero devengó el 8 por ciento que tenían estimado para obra pública para todo el país”.
“En un año y medio logró destruir y deteriorar toda la inversión de infraestructura que se había desarrollado en los últimos cuatro años en el país y en la Provincia de Buenos Aires”, aseveró. “Es muy rápido, es muy sencillo destruir y cuesta mucho, nos lleva mucho tiempo y mucho recurso volver a poner en condiciones toda la infraestructura que se está deteriorando”, sumó.
Para el ministro, los datos de la parálisis “dan cuenta es de que todo lo que nos plantean como ahorro nos va a salir muy caro” y que “cualquier inversión en mantenimiento es estratégicamente mucho más inteligente que tener que volver a invertir de cero” dado que lo que se pierde o se deja de hacer obliga a una inversión 10 veces mayor para recuperarlo.
