Javier Milei concretó lo que se anticipaba: al límite del plazo legal, firmó los vetos que dejan sin efecto la ley de emergencia en discapacidad y las reformas aprobadas por el Congreso para mejorar los ingresos de jubilados. Este lunes vencía el plazo de diez días hábiles para rechazar esas leyes aprobadas a comienzos de julio, y durante el fin de semana el Presidente estampó su firma en los decretos que se publicaron hoy en el Boletín Oficial.
La estrategia del Ejecutivo fue clara: dejar correr los días para ganar tiempo y facilitar las negociaciones de sus operadores en la Casa Rosada y en el Congreso, con el objetivo de evitar que la oposición reúna los dos tercios necesarios para revertir los vetos. Esas gestiones siguen activas, tanto con gobernadores como con referentes de distintos bloques legislativos.
Dentro del oficialismo reina cierto optimismo: confían en que cuentan con los votos necesarios para sostener la decisión presidencial. En ese escenario, la expectativa está puesta en la próxima sesión legislativa, donde quedará en evidencia qué sectores acompañan finalmente al oficialismo.
Las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad y de los jubilados reaccionaron con fuertes críticas. Desde el Gobierno, sin embargo, se muestran seguros de que los vetos quedarán firmes. En ese sentido, remarcan que cada gobernador tiene intereses o necesidades particulares que pueden usarse como moneda de cambio en la negociación, y señalan que se sienten cerca de cerrar los apoyos que necesitan. La semana pasada hubo reuniones entre funcionarios de la Casa Rosada y mandatarios provinciales, como el santafesino Maximiliano Pullaro y el chaqueño Leandro Zdero, con quien Karina Milei tejió una alianza en elecciones locales.
Más allá del escenario electoral de octubre, que condiciona las decisiones de varios gobernadores, hay otros que necesitan el visto bueno de Nación para tomar deuda en sus provincias. Esa necesidad, aseguran en el oficialismo, se convierte en una herramienta de presión efectiva.
En paralelo, se siguen consolidando apoyos dentro de la Cámara de Diputados. Un grupo de legisladores radicales, que ya acompañaron al oficialismo en otras votaciones clave, se integró a La Libertad Avanza en un interbloque. Ese respaldo, sumado al del MID que responde a Oscar Zago y a un sector del PRO conducido por Cristian Ritondo, le da al oficialismo una base de 84 votos en Diputados. La oposición necesita los dos tercios de los presentes, por lo que también será decisivo cuántos legisladores se ausenten el día de la votación.
En el entorno presidencial se mostraban confiados con frenar la ley de aumento a las jubilaciones y la reinstauración de la moratoria, pero hasta hace pocos días persistía la duda respecto a la ley de emergencia en discapacidad. Esa norma implicaba un costo fiscal menor, y varios diputados se mostraban reacios a justificar el veto. Sin embargo, ahora en el oficialismo también creen posible bloquear ese proyecto.
Las consecuencias del veto
La ley destinada a los jubilados proponía un aumento único del 7,2% sobre todas las jubilaciones y elevaba el monto del bono de 70 mil a 110 mil pesos. Por su parte, la emergencia en discapacidad incluía una batería de medidas destinadas a garantizar el ejercicio efectivo de derechos para ese sector de la población. Su impacto fiscal, estimado entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, fue uno de los argumentos esgrimidos para justificar el veto.
Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, su representante Ana Dones subrayó que la situación es crítica y empeora con el correr de los días. Denunció que las pensiones están suspendidas, que los tratamientos se ven interrumpidos por falta de pago y que los servicios de transporte son inviables, con tarifas de 500 pesos por kilómetro de nafta, lo que impide una vida mínima en condiciones dignas. Según explicó, el veto profundiza esa emergencia y elimina cualquier posibilidad de acceso a las prestaciones necesarias.
Además, destacó que la gravedad del escenario motivó al comité internacional de seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a intervenir, reclamando al gobierno argentino que sostenga la ley de emergencia para cumplir con los compromisos internacionales. A pesar de ese llamado, desde las organizaciones denuncian que el Estado continúa desfinanciando al sector sin ofrecer soluciones.
Desde el sector de jubilados, Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, advirtió que la situación es insostenible con ingresos de 300 mil pesos. Reclamó una emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional, y alertó que la discusión parlamentaria por los dos tercios para rechazar los vetos no resuelve lo esencial: que miles de jubilados siguen atravesando condiciones de extrema necesidad.
Lo que viene en el Congreso
Este miércoles la oposición impulsará una sesión para tratar otros temas urgentes: la emergencia en salud pediátrica y el financiamiento universitario. En ese encuentro, sin embargo, no se discutirán aún los vetos presidenciales.
Según el procedimiento constitucional, una vez firmados los vetos y publicados en el Boletín Oficial, las leyes regresan al Congreso. Allí, la Cámara de origen —en este caso, Diputados— puede insistir en la sanción original si consigue los dos tercios de los votos. Si lo logra, el texto pasa al Senado, donde debe repetirse la misma mayoría para que la ley quede firme, aún con la oposición del Presidente.
En caso de que una de las dos Cámaras no reúna los votos necesarios, el veto se mantiene vigente y el proyecto no podrá volver a tratarse durante el resto del año legislativo. Según el artículo 83 de la Constitución Nacional, ambas votaciones deben realizarse con registro nominal, es decir, cada legislador deberá manifestar explícitamente su voto afirmativo o negativo.
