Esta mañana estalló la indignación entre familiares de personas con discapacidad de Magdalena, cuando se supo que el lugar elegido por Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) para la auditoría de las personas con pensiones no contributivas por invalidez es un local comercial de artículos de ortopedia y rehabilitación. “Entendemos que es una decisión que toma la ANDis, pero también entendemos, o por lo menos es lo que podemos observar quienes estamos de este lado, que desde la oficina municipal de discapacidad no se ha cuestionado esta decisión arbitraria”, dijo Ana Clara Romano, integrante de Madres y Padres TEA Magdalena.
“Es un escándalo elegir como punto para la auditoría de las personas con discapacidad un local comercial y que se tomen estas medidas arbitrarias desde la ANDis Que no sea algún espacio adecuado, provisto por el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Me parece que es grave que la información y la documentación personal de un montón de personas con discapacidad estén en manos de algún supuesto auditor en un salón de ventas de productos ortopédicos. Me parece que roza lo ilegal”, dice Ana Clara Romano, integrante de Madres y Padres TEA (por Trastorno del Espectro Autista), una agrupación de familias autoconvocadas que desarrolla desde hace años un destacado trabajo de asistencia, concientización y capacitación en Magdalena.
Ayer, desde la Municipalidad de Magdalena se informó el domicilio del punto elegido por la ANDis para la auditoría de las personas con discapacidad que perciben una pensión no contributiva por invalidez. Sin embargo, lo que hasta ayer era tan solo una calle y número, hoy generó angustia en las familias conocerse que en el lugar funciona un local comercial de artículos ortopédicos y de rehabilitación, que no cuenta con el espacio, las instalaciones, el equipamiento ni la accesibilidad necesarios para realizar la mencionada fiscalización.
“No sé si es que quizás no les pareció lo suficientemente grave o porque se desentendieron por completo de la situación, pero creo que amerita, por lo menos, una gran llamada de atención, es alarmante y lo que es más preocupante aún es que es una modalidad que la ANDis viene realizando en otras localidades también, no es que nos pasó en Magdalena y nada más. Sucede en otros espacios, ha sucedido en otros locales comerciales incluso, porque ellos llegan, te adaptan y te arman en una especie de oficina”, agrega la activista de la campaña Hablemos de autismo.
“Como mínimo es raro, pero bueno. Hoy salió un comunicado de la municipalidad aclarando que ellos son ajenos a la elección del lugar, como que un poco se desentienden de todo”, señala Romano sobre el comunicado de descargo que emitió esta mañana el área de Prensa de la Municipalidad, y agrega: “Porque es una decisión de ANDis, se entiende, pero también se entiende que como gobierno municipal tienen herramientas que el ciudadano común no las tiene y creo que deberían poder hacer uso de eso. Si es que esto realmente les parece escandaloso, como nos sucede a varios”.
Ana expresa la inquietud de muchos familiares de personas con discapacidad de Magdalena: «Entendemos que este local que se ofrece en Magdalena, bah, que se ofrece… que alguien decidió que es apto. Digo alguien porque no se sabe bien quién y cómo decidió que este sea el lugar adecuado, y no es consciente de que el espacio no es apto para que se haga una auditoría con lo que esto significa”.
“Implica que ingresen personas con distintas discapacidades, tiene que ser un espacio accesible, tiene que tener un baño apropiado para personas con discapacidad, amplio, no tiene que tener escalón. El ingreso a la vereda tiene que tener como mínimo una rampa como corresponde y justo es una cuadra donde la vereda tiene bastante distancia con la calle. Y el lugar es chico. Si hubiera que esperar no hay un hall o sala de espera”.
Reacción desde la administración Kicillof
Por su parte, Lourdes Farías, directora provincial de Acceso e Inclusión en Salud, se hizo eco del tema y expresó en sus redes sociales que «la Agencia Nacional de Discapacidad lo volvió a hacer. No importa si es una gran ciudad o una pequeña localidad. El modus operandi es el mismo: la carta documento ( si llega) te íntima a presentarte en una dirección, cuando el área de discapacidad de los municipios chequean ese lugar no es. Nadie avisa. El lugar elegido viola todos los derechos de las personas y las condiciones necesarias para que una persona con discapacidad pueda estar. El objetivo? Que no se presenten y bajarles la pensión no contributiva. Son malas personas que nunca quisieron auditar. Quieren expulsar del sistema lo que ellos consideran que no sirve. Quieren que mueran. ¿ Hasta cuando podemos tolerarlo?«
Un pedido de informe a Hourcade
Las políticas públicas y mensajes oficiales hacia las personas con discapacidad desde el gobierno de Javier Milei ya han desatado varias polémicas y rechazos. A esto se ha sumado en las últimas semanas reclamos hacia la gestión municipal en la misma área. En ese sentido la concejal María Laura Molina, del interbloque de Unión por la Patria, presentó días atrás en el Concejo Deliberante un pedido de informe al ejecutivo municipal que conduce Lisandro Hourcade en relación a la “Oficina de Discapacidad y políticas públicas en la materia”.
La presentación señala que vista «la falta de inversión en discapacidad en 2024«, solicita al Ejecutivo municipal que informe “quiénes integran la Oficina de Discapacidad; qué tipo de acciones fueron articuladas desde la oficina con el departamento ejecutivo para contribuir en la generación, actualización, sistematización y difusión de políticas públicas como privadas en materia de discapacidad; informes anuales sobre las actividades realizadas desde su conformación, políticas públicas implementadas hasta el momento y partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento de este oficina en el ejercicio vigente, montos y ejecución de dichos montos”, entre otros temas.
Esta mañana, al tomar estado público el lugar designado para la auditoría, Molina expresó que «el lugar donde están convocando a las personas con discapacidad para la revisión de las pensiones vulnera todos los derechos de las personas con discapacidad. El lugar debería ser un Centro de salud o la oficina de Anses, que sea en un privado no es regular. El objetivo por supuesto es el ajuste y la baja de las pensiones no contributivas, es inaudito el destrato que desde el Estado se ejerce sobre las personas con discapacidad. El municipio, a través de la Oficina de discapacidad, debiera gestionar con la ANDis para garantizar un trato digno y la preservación de los derechos, situación que no están pudiendo resolver. Y en ese sentido es por ello que presenté el pedido de informe en el HCD«.
