Más del 60% de los femicidios registrados en el país desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus ocurrió en las viviendas de las víctimas y una de cada cinco había realizado denuncias previas por violencia de género, según relevamientos elaborados por organizaciones de mujeres.
«El aislamiento obligatorio pone sobre la mesa una realidad que desde distintas organizaciones feministas venimos denunciando, y es que el hogar de las mujeres es el lugar más inseguro», señaló Laura Rothberg, integrante del Observatorio Ahora que sí nos ven.
En ese sentido, Silvia Ferreyra, coordinadora de la Mesa Federal de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), dijo a este medio que en el marco de la cuarentena «se agrava la situación económica» y esto apuntala «la situación crítica» relacionada a la violencia de género, «porque aquellas personas están conviviendo con su agresor en un marco de complejidad mucho mayor».
«Esto también es muy evidente porque más del 65 por ciento de los femicidas son pareja, ex pareja o familiar de la víctima, y ese es el piso desde donde arrancamos esta pandemia», agregó.
Además, de acuerdo a un informe publicado por la ONG La Casa del Encuentro sobre la cantidad de femicidios cometidos desde el 20 de marzo último, cuando comenzó a regir el aislamiento obligatorio, una de cada cinco mujeres había radicado una denuncia previa por violencia de género.
Rothberg explicó que a pesar de esas medidas, que en algunos casos incluyen una restricción perimetral, en los agresores «se juega la idea de que la mujer es un objeto de su pertenencia, y muchas veces la idea de romper este aislamiento tiene que ver con eso».
«No importa la seguridad ni la vida de la mujer y ni siquiera la de ellos en pos de recuperar algo que creen propio», indicó, sumado a que muchas ex parejas comparten hijos y «la excusa de los femicidas» para cruzarse con las víctimas «es justamente querer verlos».
Al respecto, Ferreyra añadió que «la premisa tiene que ser alejar al agresor del hogar, porque hasta ahora se busca el refugio y trasladar a la víctima del lugar, cuando en realidad los cañones tienen que apuntar contra el agresor».
«La Policía actúa con rigurosidad y está bien, alertando o deteniendo a personas que violen el aislamiento, pero en el caso de quienes violan las medidas de restricción no tiene la misma premura ni insistencia», opinó.
En tanto, Ada Rico, directora de La Casa del Encuentro, remarcó en un comunicado difundido el jueves pasado que si bien coincide con «las medidas adoptadas por el Ministerio de las Mujeres» para asistir a las víctimas de violencia durante el aislamiento, «su vulnerabilidad demuestra que aún son insuficientes para protegerlas».
Ferreyra coincidió con la lectura: «No es sólo avisar dónde hacer la denuncia o en qué comisaría, y lamentablemente son pocas las localidades que tienen equipos capaces de brindar una asistencia integral».
«Hubo una política activa de la difusión de la línea 144 como un canal legítimo de asesoramiento, es una buena herramienta, pero falta mucho para que eso responda a la demanda de todo el país», dijo sobre ese servicio, cuyas consultas aumentaron en un 39% desde el comienzo del aislamiento obligatorio respecto a los días previos.
Por su parte, Rothberg sostuvo que «la cuarentena pone de manifiesto la importancia de empezar a pensar políticas públicas que ataquen de manera directa este problema».
«Desde el Estado se están implementando distintos tipos de estrategias, pero la violencia de género es un problema de orden cultural y es muy importante que también la sociedad esté involucrada, la única manera de que los femicidios empiecen a bajar es hacer una apuesta a largo plazo, con concientización y educación para combatirla entre todos», concluyó.
Al menos 18 mujeres, entre ellas una beba de dos meses y dos niñas de 2 y 7 años, fueron víctimas de femicidios en diecisiete hechos cometidos o descubiertos, y que tuvieron repercusión mediática, desde que entró en vigencia el DNU 297/2020.
Fuente: Victoria Ojam – Télam
