El Comité Central Confederal de la CGT declaró un paro general nacional a partir de las 12 del miércoles 24 de enero, que incluirá una masiva movilización al Congreso, en rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica dictado por el Gobierno de Javier Milei.
El Confederal aprobó una huelga nacional de 12 horas, con movilización hacia el Congreso, la realización de un plenario de delegaciones regionales en el Salón Felipe Vallese de Azopardo al 800 el próximo 10 de enero, una presentación judicial en rechazo del DNU y solicitar reuniones con todos los bloques parlamentarios de ambas cámaras legislativas para debatir «su acompañamiento» contra esa medida y la Ley Ómnibus.
También el Confederal decidió mantener reuniones con las otras centrales obreras (CTA y su par Autónoma) para articular medidas conjuntas y facultó al consejo directivo nacional a aprobar «las medidas pertinentes en la oportunidad que requiera la actual situación».
El máximo órgano ejecutivo de la central sindical sesionó ayer al mediodía para analizar la instrumentación de un plan de lucha y, ante la presión de la mayoría de las organizaciones confederadas, convocó a una huelga nacional para el 24 de enero a partir de las 12.
Previamente las fuentes gremiales habían señalado que la aplicación de ese plan de acción iba a ser «gradual» e iba a comenzar con «el ejercicio de la presión sobre la totalidad de los bloques parlamentarios de ambas cámaras legislativas».
También habían asegurado que la CGT iba a «monitorear» el clima social durante todo el mes de enero y, probablemente, declarar una huelga nacional para febrero próximo, pero la presión de las entidades sindicales determinó fijar la fecha para el 24 de enero.
Tanto el cotitular de la central obrera, Héctor Daer, como el jefe de la Asociación Bancaria (AB) e integrante del consejo directivo de la CGT, Sergio Palazzo, habían sin embargo anticipado al ingresar a la sede de Azopardo respecto de la posibilidad de declarar hoy un paro nacional a partir de «las consecuencias nocivas de este DNU».
Palazzo reclamó a la justicia que observe «con mucho detenimiento» esa iniciativa del presidente Javier Milei, porque la medida atenta contra «la situación de los trabajadores», a la vez que denunció que «arrogarse las facultades de legislar durante dos años, con posibilidad de extenderlo otros dos más, significa eliminar prácticamente el Congreso».
Daer había señalado a la señal TN que «la incorporación del DNU a la Ley ómnibus aumentó la maldad de forma exponencial», y aseguró que «el presidente reclamó facultades muy amplias hasta declarar una guerra total durante dos años».
