El máximo tribunal restituyó provisoriamente los límites a la extranjerización de tierras después del rechazo a su fallo contra el CECIM. La movilización del 15 de octubre sigue en pie y coincidirá con la Marcha Federal Universitaria y un paro docente bonaerense. Organizaciones ambientales, sindicatos y fuerzas políticas reclaman que el Congreso rechace todo el DNU 70/2023.
La Corte Suprema suspendió este viernes los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, con el que Javier Milei derogó la Ley de Tierras. Lo hizo diez días después de dejar sin efecto la sentencia que protegía esa norma, en una decisión que había abierto el camino a la compra de tierras rurales por extranjeros sin los límites establecidos en 2011. La nueva resolución recupera esas restricciones mientras continúa el trámite judicial.
La marcha atrás no desactivó la convocatoria al Congreso del jueves 15 de octubre. La defensa de la tierra confluye con el reclamo universitario por financiamiento, la huelga de docentes bonaerenses y la movilización sindical. Esa coincidencia amplía la protesta contra el Gobierno y reúne a sectores que vienen enfrentando sus políticas desde distintos espacios.
La mayoría de la Corte quedó integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz acompañó el envío del expediente al Juzgado Federal de Bariloche, pero se opuso a suspender la derogación. Su posición habría dejado sin esta protección a la ley mientras continuaba el proceso.
Aunque el tribunal sostuvo que no modificó su criterio sobre el CECIM porque se trata de demandas con fundamentos diferentes, el resultado revierte el escenario que había generado su propia intervención. Los límites a la extranjerización vuelven a estar vigentes, pero la constitucionalidad de su eliminación por decreto sigue sin resolverse.
El reclamo del CECIM que la Corte dejó afuera
El antecedente inmediato es la resolución del 29 de septiembre contra el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata. La organización había cuestionado la derogación por sus consecuencias sobre la soberanía y la concentración de tierras. La Cámara Federal de La Plata admitió el reclamo y declaró inconstitucional el artículo del DNU.
Al revisar el caso, la Corte rechazó que el CECIM estuviera habilitado para promover esa acción. Dejó sin efecto la sentencia favorable a los excombatientes sin resolver si el Presidente podía derogar la ley mediante un decreto de necesidad y urgencia. Esa decisión procesal quitó el freno judicial a la eliminación de las restricciones.
La Cámara platense había considerado excesivamente restrictivo impedir que una asociación de quienes combatieron por la soberanía nacional impugnara una norma que denunciaba como lesiva de esa soberanía. Ese reconocimiento fue desestimado por el máximo tribunal.
Una demanda ambiental que llevaba años sin respuesta
La nueva intervención corresponde al reclamo iniciado a fines de 2023 por la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades mapuches, vecinos y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes fundamentaron la acción en la protección del ambiente, los recursos naturales y los territorios indígenas.
El expediente había pasado de Bariloche a La Plata y luego a la Corte por su vinculación con la causa del CECIM, sin que se resolviera la protección urgente solicitada. Ahora, el tribunal reconoció que ese recorrido había dejado sin respuesta a los demandantes y dispuso una medida interina para evitar daños irreparables.
Para hacerlo, la mayoría recurrió a la Ley General del Ambiente y al Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la Justicia ambiental y contempla medidas preventivas. La suspensión regirá hasta que el juez de Bariloche examine la legitimación de los demandantes y resuelva el pedido cautelar.
Qué protecciones vuelven a regir
La Ley 26.737 fija un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales, aplicable al territorio nacional, las provincias y las jurisdicciones locales. Además, impide que personas o empresas de una misma nacionalidad concentren más del 30% de ese cupo.
Establece también un máximo de mil hectáreas en la zona núcleo para un mismo titular extranjero, o una superficie equivalente según la ubicación y las características productivas. Prohíbe, para los sujetos alcanzados, adquirir predios que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes y de envergadura, y dispone restricciones en zonas de seguridad de frontera.
Esas disposiciones regulan la concentración de la propiedad rural y protegen territorios vinculados con recursos estratégicos. La propia ley define a la tierra como un recurso natural no renovable.
Un llamado a sostener la movilización y rechazar todo el decreto
“Luchar siempre sirve… Y la Corte Suprema nos toma el pelo”, expresó Myriam Bregman tras conocerse la resolución. La diputada del PTS–Frente de Izquierda Unidad cuestionó que el tribunal retrocediera sobre la Ley de Tierras cuando distintas fuerzas habían acordado impulsar el rechazo completo del DNU.
Bregman advirtió que concentrar la discusión exclusivamente en ese artículo permite preservar el resto del decreto. Señaló sus consecuencias para inquilinos, usuarios de medicina prepaga y familias endeudadas, y reclamó que ningún legislador que se presente como opositor falte a la sesión. Convocó a una movilización masiva frente al Congreso el 15 de octubre.
Odarda también ratificó la convocatoria y celebró el resultado de la acción colectiva. “Hoy tenemos motivos para celebrar, pero también para seguir luchando”, sostuvo. La legisladora insistió en que la protección judicial es temporal y que el objetivo sigue siendo conseguir el rechazo del DNU en Diputados.
La restitución provisoria de la ley le da al Gobierno margen para intentar desactivar ese rechazo parlamentario. La Corte suspendió el artículo que concentró los cuestionamientos por la extranjerización, pero su decisión no alcanza al resto del decreto. La cautelar no cierra el conflicto.
Universidades y docentes también marcharán el 15
La jornada coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La Asociación Gremial Docente de la UBA llamó a parar y movilizar al Congreso el jueves 15, a las 13.30.
En la provincia de Buenos Aires habrá un paro docente de 24 horas, con adhesión de SUTEBA y FEB, entre otras organizaciones, en el marco de una jornada nacional de protesta. Los reclamos incluyen recomposición salarial, mayor presupuesto educativo, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, reapertura de la paritaria nacional y defensa de las jubilaciones. La medida se acompañará con una Marcha Federal Educativa.
Las convocatorias reúnen la defensa de la educación pública con la resistencia a la extranjerización y al decreto de desregulación. Cada sector mantiene sus demandas, pero confluyen en la misma fecha y frente al Congreso, donde se concentra la presión para que la oposición traduzca sus cuestionamientos en decisiones parlamentarias.
Una convocatoria ampia
El secretario general de la CTA de las y los Trabajadores, Hugo Yasky, anticipó la movilización de las centrales sindicales el 15 de octubre con el objetivo de “dar de baja el DNU completo”. La CTA Autónoma, encabezada por Hugo Godoy, también participó del reclamo contra el fallo anterior de la Corte. Desde la CGT no hubo un posicionamiento ni convocatoria hasta el momento.
La convocatoria del 15 reúne así a organizaciones ambientales, comunidades indígenas, excombatientes, sectores del peronismo, la izquierda y centrales sindicales, mientras las movilizaciones educativas suman docentes y estudiantes. Esa confluencia sostiene la presión contra el DNU más allá del retroceso de la Corte sobre la Ley de Tierras: la demanda es que el Congreso rechace el decreto completo.
