La conducción del Ejército Argentino dispuso nuevas restricciones para el uso de redes sociales por parte de su personal, prohibiendo expresamente la difusión de quejas, reclamos, denuncias o manifestaciones públicas relacionadas con la institución. La medida, formalizada mediante la Orden Especial JEMGE Nº 113/26, generó fuertes cuestionamientos y se conoce en un contexto de creciente malestar por la situación salarial, presupuestaria y operativa que atraviesa la fuerza.
La disposición, firmada por el secretario general del Ejército, general de brigada Roberto Martín Baroni, alcanza a oficiales, suboficiales, soldados y personal civil. Establece que toda inquietud deberá canalizarse exclusivamente por las vías reglamentarias y prohíbe publicar o compartir contenidos críticos en plataformas como Instagram, Facebook, X, TikTok, WhatsApp o Telegram cuando el usuario pueda ser identificado como integrante de la institución.
La normativa también impide difundir imágenes o información que puedan comprometer la seguridad de instalaciones militares, armamento o rutinas operativas, una restricción habitual en este tipo de ámbitos. Sin embargo, el punto que despertó mayor controversia es la prohibición de exteriorizar públicamente reclamos vinculados con la situación interna del Ejército, una decisión que distintos sectores interpretaron como una limitación a la libertad de expresión del personal.
Un contexto de deterioro
La nueva directiva llega en un momento particularmente delicado para las Fuerzas Armadas. Distintos medios nacionales vienen informando sobre un deterioro sostenido de las condiciones económicas, presupuestarias y operativas del Ejército. Entre los datos hay un informe interno que señala que, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los haberes militares aumentaron un 139,03%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 219,14%, una diferencia que implicó una pérdida cercana al 80% del poder adquisitivo. Según ese mismo trabajo, el salario real del personal se ubica actualmente alrededor de un 25% por debajo del registrado al inicio de la gestión de Javier Milei.
Ese escenario llevó al Ministerio de Defensa, encabezado por el teniente general Carlos Presti, a habilitar por primera vez que soldados, suboficiales y oficiales puedan desarrollar un segundo empleo fuera del horario de servicio. Entre las actividades autorizadas figuran plataformas de transporte y reparto, además de tareas de seguridad privada, una decisión que oficializó una práctica que ya se encontraba extendida entre numerosos efectivos ante la insuficiencia de sus ingresos.
Investigaciones periodísticas en medios nacionales también señalaron que el problema excede la cuestión salarial. En las últimas semanas trascendió que más de veinte dependencias del Ejército registraban atrasos en el pago de servicios públicos y que algunas unidades sufrieron cortes de energía eléctrica. Uno de los casos más difundidos fue el de la guarnición de Neuquén, cuya deuda con la cooperativa eléctrica local rondaba los 60 millones de pesos. Según esas publicaciones, la falta de recursos también afecta actividades de instrucción, mantenimiento y funcionamiento cotidiano de distintas unidades militares.
En el mismo sentido, distintos informes periodísticos dieron cuenta de un marcado descenso en la cantidad de efectivos. De acuerdo con una estimación publicada recientemente, el Ejército habría pasado de contar con unos 25.000 soldados al inicio de la actual gestión nacional a alrededor de 14.000 en la actualidad, producto de renuncias y dificultades para retener personal especializado. Esa situación alcanza tanto a soldados como a suboficiales y oficiales formados durante años en áreas estratégicas.
Paralelamente, la crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas, IOSFA (hoy rebautizada OSFA) continuó generando tensiones. Según reconstruyeron distintos medios nacionales, parte de la deuda con prestadores habría sido cancelada utilizando recursos presupuestarios originalmente asignados al pago de salarios, una decisión adoptada ante la falta de fondos adicionales. Desde el Ministerio de Defensa sostuvieron, en cambio, que la prioridad fue garantizar la continuidad de las prestaciones médicas.
Ese clima de deterioro también tuvo uno de sus capítulos más dramáticos a fines de 2025, cuando una serie de suicidios de integrantes de las Fuerzas Armadas generó conmoción dentro de la institución. En pocos días se conocieron los casos de un soldado que prestaba servicio en la Quinta Presidencial de Olivos y de un suboficial del Ejército en Monte Caseros, entre otros episodios que motivaron un amplio debate sobre la situación del personal militar. Mientras distintos medios nacionales relacionaron esas muertes con el creciente malestar que atravesaban las fuerzas, el ministro de Defensa, Carlos Presti, sostuvo públicamente que respondían a problemas de salud mental y descartó que existiera una relación con la cuestión salarial.
La nueva orden sobre redes sociales fue recibida con críticas. Investigaciones periodísticas en medios nacionales señalaron que, tras la entrada en vigencia de la disposición, comenzaron a multiplicarse publicaciones realizadas desde cuentas anónimas o con identidades ficticias, muchas de las cuales son eliminadas pocas horas después por temor a sanciones disciplinarias. Los mensajes expresan reclamos por salarios, condiciones de trabajo, falta de recursos y el estado de distintas unidades militares, reflejando un malestar que la nueva reglamentación busca canalizar exclusivamente por las vías internas.
Algunos cuestionamientos sostienen que la orden incluso alcanza interacciones como compartir publicaciones o colocar un «me gusta» en contenidos considerados incompatibles con las nuevas normas disciplinarias, ampliando el alcance del control sobre la actividad digital de los efectivos.
Mientras tanto, la conducción del Ejército sostiene que la medida busca preservar la disciplina, la seguridad institucional y el uso responsable de las plataformas digitales, en un escenario donde las redes sociales tienen un impacto creciente sobre la vida interna de la fuerza.
La decisión vuelve a poner en el centro del debate la situación que atraviesan las Fuerzas Armadas. Más allá de la discusión sobre los alcances de la nueva reglamentación, la medida se conoce en un momento en el que los problemas salariales, las restricciones presupuestarias, la crisis de la cobertura sanitaria y las dificultades operativas vienen siendo objeto de un creciente seguimiento por parte de distintos medios nacionales, que coinciden en describir un escenario de fuerte tensión dentro del Ejército Argentino.
