El Concejo Deliberante de Magdalena rechazó anoche el pedido de interpelación al intendente Lisandro Hourcade en el marco de la estafa de la empresa Solobra y el frustrado Programa de Acceso al Gas. La votación terminó empatada y fue definida por el presidente del cuerpo, en una sesión marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Mientras la oposición apuntó contra la responsabilidad del Ejecutivo y la falta de respuestas ante los vecinos damnificados, el oficialismo defendió la estrategia administrativa y judicial adoptada. El debate también dejó una votación clave de la concejal libertariana Carina Zanelli, que terminó inclinando el resultado y bloqueando la convocatoria al intendente.
El Concejo Deliberante rechazó este miércoles el pedido de interpelación al intendente Lisandro Hourcade por el fallido Programa de Acceso al Gas. Tras un empate en la votación, definido por el presidente del cuerpo, la sesión dejó un extenso y tenso debate entre los distintos bloques, con fuertes reproches cruzados en torno a la responsabilidad del Estado municipal frente a los vecinos damnificados.
El panorama dentro del recinto reflejaba la gravedad de la situación. Varias familias damnificadas ocuparon las primeras filas del auditorio. Varios militantes de las fuerzas opositoras se ubicaron de pie en el fondo y los costados del salón. Hubo una importante asistencia de funcionarios municipales y militantes del radicalismo, incluyendo a la propia secretaria del intendente, el jefe de Gabinete, el presidente de la UCR y el titular de la ayudantía fiscal de Magdalena, quienes fueron como una suerte de tribuna para apoyar al oficialismo en el recinto pero guardaron silencio ante la contundencia de los argumentos de la oposición y los reclamos dolidos de los vecinos damnificados.
Desde la oposición, el foco estuvo puesto en la inacción oficial y el aval público a la empresa. «El municipio abrió las puertas, el municipio firmó un convenio y el municipio permitió que esa empresa ejecute su accionar en una oficina del Palacio Municipal«, expresó la concejal por Unión por la Patria Mirna Gurina. La edil cuestionó los tiempos del Ejecutivo, señalando que tuvieron más de cinco o seis alertas para accionar y que no judicializaron el conflicto hasta que se solicitó la interpelación y la agenda mediática tomó el caso. Además, puso en duda la viabilidad del esquema de compensación económica al plantear de qué partida surgirán los fondos y señalar que “estos vecinos damnificados, con el pago de sus tasas, se van a devolver su propio dinero”.
Por su parte, Camila Daca, del EPA, apuntó contra la falta de respuestas y el manejo del expediente. «Hablan de líder en transparencia. Una realidad paralela que no existe», sentenció. «Si están haciendo todo bien, ¿qué dificulta que venga el intendente municipal a respondernos las dudas?«, se preguntó, recordando que el control de ese convenio le correspondía al Ejecutivo desde el momento en que surgieron los primeros reclamos.
La decisión del Ejecutivo de otorgar un «subsidio extraordinario» para devolverle a los vecinos el dinero que le entregaron a la empresa Solobra S.A. es, según Gurina y Daca, una confesión de culpa. Desde sus respectivas bancadas, tanto para la edil peronista como su homóloga vecinalista, señalaron que con el paraguas legal de una «Cesión de Derechos y Acciones» —figura utilizada para evitar que el Tribunal de Cuentas sancione la entrega de dinero como una irregularidad—, la gestión de Hourcade utilizará las tasas que pagan todos los magdalenenses para tapar el agujero generado por una empresa privada.
Otros ediles también sumaron sus críticas. César Fulgione lamentó que en una noche tan fría como la de la sesión, los vecinos sigan «sin el gas, sin la plata y sin la empresa«. Por su parte, Alejandra Irazú cruzó los intentos de responsabilizar al Concejo Deliberante por haber convalidado el acuerdo original. «Este cuerpo no tiene responsabilidad. Ante el Tribunal de Cuentas no vamos a tener cargos«, aclaró, instando a que el jefe comunal diera explicaciones en el recinto.
La defensa oficialista: vía judicial y asistencia
La postura del radicalismo fue detallada por el presidente de bloque, Martín Raffo, quien defendió la estrategia legal de la gestión y buscó eximir de culpa al cuerpo legislativo: «Nadie de los que estamos acá levantó la mano pensando que estaba aprobando una estafa«.
Raffo explicó que el Ejecutivo priorizó agotar las instancias administrativas para no resignar la última posibilidad de que los vecinos tuvieran el servicio y que recién accionó judicialmente «cuando quedó demostrado que la empresa ya no iba a cumplir«.
Sobre el salvavidas económico, Raffo defendió la utilización de la figura de subrogación de derechos, explicando que «el municipio podrá reclamar judicialmente en nombre de los vecinos la reparación económica» para recuperar los fondos públicos.
Finalmente, justificó el rechazo a la citación preguntando si «una interpelación devuelve hoy un solo peso a alguno de los vecinos afectados«, a lo que él mismo respondió: «Nosotros creemos que no«.
Por su parte, la concejal Ana María Garayalde introdujo un matiz al debate al reconocer una cuota de responsabilidad en la planificación del programa. En relación con los fondos que deberían provenir de un programa provincial de acceso al gas domiciliario, admitió: “No hicimos hincapié en cuál era la disponibilidad de ese fondo. Acá tenemos responsabilidad compartida”.
El voto clave y la definición
La postura de la concejal Carina Zanelli resultó determinante. Aunque calificó el episodio como “un papelón institucional”, también relativizó la responsabilidad del Ejecutivo al señalar que “este órgano de control también falló”.
Para justificar su rechazo a la interpelación, sostuvo que se trataba de una medida extrema, utilizando una metáfora que algunos asistentes calificaron de desafortunada, señaló que “políticamente, un poquito es cortarle la cabeza en la plaza pública”. Dirigiéndose a los vecinos presentes, cuestionó la eficacia del mecanismo al señalar que la presencia del intendente “no les va a resolver el problema” ni acelerará la devolución del dinero.
Su voto terminó siendo decisivo: permitió el empate en seis, que luego fue definido por el presidente del cuerpo, Sebastián Fleita, a favor del rechazo mediante su voto doble. De este modo, la interpelación quedó bloqueada.
Para la oposición, el rechazo a la interpelación del intendente Lisandro Hourcade en el Concejo Deliberante no fue un triunfo político del oficialismo, sino una costosa maniobra de control de daños. El fracaso del Programa de Acceso al Gas se ha convertido en una pesada mochila para la actual gestión municipal, que, ante el ultimátum de más de 60 familias damnificadas, tuvo que elegir entre la exposición pública de su máxima figura o abrir la caja de los recursos municipales para cubrir una estafa.
Al momento de la votación hubo gritos de «sinvergüenzas», «chorros», «voten para el pueblo». Luego del rechazo, las familias damnificadas se retiraron visiblemente decepcionadas.
La respuesta del Ejecutivo al pedido de informes de abril y la presentación de los vecinos damnificados:
