Presentan un pedido de interpelación al intendente por los reclamos sobre un plan de acceso al gas domiciliario

La concejal Mirna Gurina presentó un proyecto para convocar al intendente Lisandro Hourcade al Concejo Deliberante y solicitar explicaciones sobre el estado del Programa de Acceso al Gas, implementado junto a la empresa Solobra S.A. La iniciativa llega luego de un pedido de informes aprobado por unanimidad en abril y en medio de los reclamos de vecinos que aseguran no haber recibido las obras comprometidas ni la devolución de los fondos abonados.

La problemática vinculada al Programa de Acceso al Gas sumó este lunes un nuevo capítulo. La concejal de Unión por la Patria Mirna Gurina presentó un proyecto para convocar al intendente Lisandro Hourcade a una interpelación en el Honorable Concejo Deliberante (HCD), con el objetivo de que brinde información sobre la situación de los vecinos que participaron del programa ejecutado a través de la empresa Solobra S.A.

La iniciativa sostiene que más de 60 familias de Magdalena resultaron afectadas por incumplimientos en las obras de conexión domiciliaria de gas, pese a haber abonado distintas sumas de dinero para acceder al servicio. Según el proyecto, las instancias previas impulsadas para obtener información no lograron respuestas satisfactorias, por lo que ahora se propone que el jefe comunal concurra al recinto para responder personalmente sobre el tema.

Un programa que generó expectativas

El origen del conflicto se remonta a mayo de 2025, cuando la Municipalidad de Magdalena anunció el Programa de Acceso al Gas para conexiones domiciliarias. La iniciativa fue presentada mediante un convenio firmado entre el Municipio, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (STIAGAS) y la empresa Solobra Ingeniería.

La propuesta apuntaba a facilitar el acceso al servicio de gas natural mediante instalaciones domiciliarias que incluían materiales, mano de obra y hasta tres bocas de gas. Según distintas estimaciones, cerca de medio centenar de familias se inscribieron en el programa y realizaron pagos para acceder a las obras.

El convenio fue posteriormente convalidado por unanimidad en el Concejo Deliberante mediante la Ordenanza Nº 4335/25. En aquel momento, tanto el oficialismo radical como los bloques opositores acompañaron la iniciativa.

Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron a surgir reclamos de vecinos por demoras en la ejecución de las obras y falta de respuestas sobre los plazos previstos. Según distintas denuncias públicas realizadas posteriormente, muchas de las instalaciones comprometidas no llegaron a completarse.

Los primeros cuestionamientos

En septiembre de 2025, Gurina presentó un expediente solicitando información al Departamento Ejecutivo sobre el desarrollo del programa y la situación de la empresa contratista. De acuerdo con lo expresado por la concejal, esa iniciativa no avanzó en el ámbito legislativo.

En los meses siguientes también se plantearon cuestionamientos vinculados a la documentación utilizada en algunos contratos, la modalidad de algunos pagos realizados por los vecinos y la información disponible sobre la empresa encargada de ejecutar las obras.

La situación motivó una presentación ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en diciembre de 2025, donde se solicitó la intervención del organismo para analizar lo ocurrido.

El pedido de informes aprobado en abril

El tema volvió a tomar estado parlamentario este año. El 1 de abril de 2026, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un pedido de informes destinado a conocer detalles sobre la ejecución del programa, la situación de Solobra y las acciones impulsadas por el Municipio para atender los reclamos.

Durante ese debate, la concejal Gurina sostuvo que numerosos vecinos continuaban esperando tanto la realización de las obras como definiciones respecto del dinero abonado. También señaló que parte de los inscriptos no registraba avances en sus instalaciones.

En esa misma sesión, el presidente del bloque de la UCR, Martín Raffo, acompañó el pedido de informes y reconoció que las gestiones administrativas para resolver el conflicto se encontraban prácticamente agotadas. Además, admitió que las “promesas incumplidas” por parte de la empresa eran numerosas, en una intervención que reflejó la preocupación compartida por la situación de los vecinos afectados.

Sin embargo, según la autora del proyecto de interpelación, la información solicitada mediante aquel pedido de informes todavía no fue remitida al cuerpo legislativo.

Reuniones y promesas de devolución

El expediente presentado este lunes reconstruye además una serie de reuniones mantenidas durante los últimos meses. Según se detalla, el 22 de abril la concejal se reunió con familias afectadas que manifestaron preocupación por la falta de respuestas y por la incertidumbre respecto de los fondos aportados para las obras.

Días después, el 27 de abril, los vecinos fueron convocados por el Municipio a una reunión informativa. De acuerdo con el proyecto, durante ese encuentro se relevó la situación particular de cada caso y se consultó a los damnificados sobre la posibilidad de continuar con la obra o solicitar la devolución del dinero.

Posteriormente, entre fines de mayo y comienzos de junio, el Ejecutivo informó a los vecinos que había enviado una carta documento a Solobra S.A. y que la empresa asumía el compromiso de reintegrar los montos abonados, actualizados mediante un índice que, según se señala, no fue especificado.

El 9 de junio se comunicaron fechas tentativas para comenzar con los reintegros a partir del día 16 de ese mes. Sin embargo, según consta en la presentación de Gurina, hasta el momento ninguno de los vecinos habría recibido las devoluciones anunciadas.

La empresa, siempre de acuerdo con el texto del proyecto, habría atribuido la demora a inconvenientes bancarios comunicados informalmente a los afectados.

Qué busca la interpelación

Ante este escenario, la concejal considera agotadas las instancias previas de pedidos de información y propone convocar al intendente Hourcade al recinto del Concejo Deliberante.

El proyecto establece que, de aprobarse, el jefe comunal deberá concurrir dentro de los cinco días para responder preguntas vinculadas a la capacidad técnico-financiera de Solobra, su situación registral, las acciones legales iniciadas por el Municipio, la nómina de vecinos damnificados y los motivos por los cuales, según la edil, aún no se respondió el pedido de informes aprobado en abril.

También solicita explicaciones sobre la atención brindada a los vecinos afectados y las gestiones realizadas para resolver una situación que continúa generando reclamos en distintos sectores de la comunidad.

La iniciativa deberá ahora ser tratada por el Concejo Deliberante, donde se debatirá la pertinencia de convocar al jefe comunal para brindar información sobre el desarrollo del programa y las acciones adoptadas frente a los reclamos de los vecinos.

El pedido de interpelación se produce en un contexto en el que el conflicto fue acumulando cuestionamientos tanto de los vecinos damnificados como de distintos sectores políticos. A diferencia de las primeras discusiones sobre el tema, cuando el oficialismo había rechazado algunos planteos de la oposición, en abril el Concejo aprobó por unanimidad un pedido de informes y referentes de la bancada radical reconocieron públicamente los incumplimientos registrados en la ejecución del programa.