Tras una nueva audiencia realizada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el gobernador Axel Kicillof anunció que solicitará una medida cautelar para reclamar el pago de más de $2,3 billones que, según la administración provincial, corresponden a transferencias adeudadas por la ANSES.
La audiencia, que se desarrolló este miércoles en el Palacio de Tribunales, fue la tercera instancia de conciliación convocada por la Corte para intentar acercar posiciones entre ambas partes. Sin embargo, los representantes del Ministerio de Economía de la Nación, encabezado por Luis Caputo, no presentaron la propuesta de pago que habían comprometido durante el encuentro anterior.
«El Gobierno nacional se había comprometido a llegar con una propuesta de adelantos, pero nuevamente dijeron que todavía tenían que realizar una serie de trabajos técnicos. Por eso dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar», afirmó Kicillof al finalizar la reunión.
Una deuda que supera los $2,3 billones
El reclamo de la Provincia de Buenos Aires está vinculado a los fondos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debe transferir al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que administra el sistema jubilatorio de los trabajadores estatales bonaerenses. Buenos Aires forma parte de las 13 provincias que conservan cajas previsionales propias y que, por normativa nacional, deben recibir compensaciones para cubrir los déficits de esos regímenes.
Según los cálculos actualizados del Gobierno provincial, la deuda acumulada supera actualmente los $2,3 billones. El monto incluye anticipos adeudados por la Nación, actualizaciones pendientes de transferencias correspondientes a 2023, fondos previstos para 2024 y sus respectivas actualizaciones, además de diferencias acumuladas entre los déficits previsionales y los recursos efectivamente transferidos durante los ejercicios comprendidos entre 2018 y 2020.
Tras la audiencia, Axel Kicillof sostuvo que el impacto económico para la Provincia es aún mayor si se considera el conjunto de recursos que Buenos Aires dejó de percibir desde el inicio de la gestión de Javier Milei. “Lo que algunos llaman superávit es en realidad lo que Milei no paga. No les paga a los jubilados, no les paga a las universidades, no les paga a los discapacitados y no les paga a las provincias”, afirmó el gobernador.
Según señaló el mandatario bonaerense, entre las transferencias previsionales adeudadas y la pérdida de otros recursos nacionales, el perjuicio económico para la Provincia supera los $22 billones, una cifra que, según remarcó, equivale aproximadamente a la mitad del presupuesto anual bonaerense.
La Corte deberá resolver la cautelar
Tras dar por agotada la instancia de negociación, la Provincia pidió formalmente que la Corte Suprema avance sobre la medida cautelar presentada dentro de la demanda principal.
Ahora será el máximo tribunal el encargado de determinar si corresponde ordenar algún tipo de transferencia provisoria mientras continúa el proceso judicial de fondo.
La delegación bonaerense estuvo integrada por el ministro de Economía, Pablo López; la presidenta del IPS, Marina Moretti; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; y otros funcionarios del área económica provincial.
Un conflicto que suma varias demandas
El reclamo por los fondos previsionales forma parte de una serie de litigios que la Provincia de Buenos Aires mantiene actualmente contra el Gobierno nacional. Según datos oficiales, existen siete causas en trámite ante la Corte Suprema vinculadas a la suspensión, reducción o eliminación de distintos fondos y transferencias nacionales. Entre ellas se encuentran los reclamos por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el Fondo Compensador del Transporte del Interior, los subsidios del sistema SUBE para el AMBA, el Fondo Nacional de Bosques Nativos, los recursos destinados a obras gasíferas y las transferencias previsionales que la ANSES debe realizar para sostener la caja jubilatoria bonaerense.
Además, este año la administración de Axel Kicillof presentó una nueva demanda relacionada con recursos derivados del Consenso Fiscal y del Fondo del Conurbano, ampliando así la disputa judicial que mantiene con la Nación por distintos mecanismos de financiamiento.
El trasfondo económico
Desde la Provincia sostienen que el conflicto se produce en un contexto de caída de la recaudación y retracción económica, situación que impacta sobre las cuentas públicas bonaerenses.
Funcionarios provinciales recuerdan además que Buenos Aires aporta cerca del 38% de la recaudación nacional, pero recibe alrededor del 7% de los recursos coparticipables, una discusión histórica que suele reaparecer en los debates sobre financiamiento federal.
Con la etapa de conciliación finalizada y sin acuerdo entre las partes, la resolución del conflicto queda ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si hace lugar al pedido cautelar presentado por la Provincia mientras continúa el tratamiento de la demanda principal.
