La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 15 años de prisión contra Reimundo Héctor Fernández, exjefe de turno de la Unidad Penal N.º 28 de Magdalena, por su responsabilidad en la denominada Masacre de Magdalena, una de las tragedias más graves de la historia del sistema penitenciario argentino.
La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso extraordinario presentado por la defensa del exfuncionario penitenciario al considerar que no cumplía con los requisitos formales necesarios para su tratamiento. De esta manera, quedó firme la sentencia dictada por la Justicia bonaerense y se cerró uno de los capítulos judiciales más importantes vinculados al caso.
Una tragedia que conmocionó al país
La madrugada del 16 de octubre de 2005, en vísperas del Día de la Madre, un incendio se desató en el pabellón 16 de la Unidad Penal de Magdalena. Según determinó la investigación judicial, el hecho se produjo luego de una pelea entre internos y de una intervención represiva por parte del personal penitenciario.
En medio de los incidentes, varios detenidos prendieron fuego colchones para impedir el avance de los guardias. El material de esos colchones, altamente inflamable y tóxico, provocó una rápida propagación del fuego y una intensa concentración de gases letales dentro del pabellón.
Sin embargo, la tragedia no fue solamente consecuencia del incendio. Las investigaciones concluyeron que existieron graves fallas de seguridad y que numerosos internos quedaron atrapados sin posibilidad de escapar. Entre las irregularidades señaladas por la Justicia se encuentran la falta de sistemas adecuados contra incendios, matafuegos sin funcionamiento, ausencia de presión de agua y el cierre de las puertas del pabellón, lo que impidió la evacuación de quienes se encontraban en el lugar.
Como resultado, 33 personas privadas de su libertad murieron asfixiadas y quemadas. La mayoría eran jóvenes menores de 26 años y estaban detenidos de manera preventiva, sin condena firme.
El largo camino judicial
La causa avanzó durante más de una década hasta llegar al juicio oral. En 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 5 de La Plata condenó a Fernández a 25 años de prisión al considerarlo responsable de homicidio simple respecto de las 33 víctimas fatales y de la tentativa de homicidio de otros internos.
Posteriormente, el Tribunal de Casación bonaerense modificó la calificación legal del hecho y encuadró la conducta como abandono de persona seguido de muerte, reduciendo la pena a 15 años de prisión.
La defensa intentó revertir esa resolución argumentando que el personal penitenciario había intentado combatir el incendio, pero que las condiciones materiales lo hacían imposible debido a la falta de equipamiento, agua y capacitación específica. También sostuvo que la situación se desarrolló en el contexto de un motín.
Sin embargo, tanto la Suprema Corte bonaerense como finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazaron los planteos y dejaron firme la condena.
Durante años, familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos reclamaron justicia y denunciaron las condiciones de hacinamiento, sobrepoblación y precariedad que existían en la unidad penitenciaria. Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria acompañaron el proceso judicial y mantuvieron vigente el reclamo de verdad y justicia.
A casi 21 años de la tragedia, el fallo de la Corte Suprema representa un cierre judicial para una parte del caso. Sin embargo, organismos especializados continúan advirtiendo que muchas de las problemáticas estructurales que hicieron posible aquella tragedia, como el hacinamiento, las deficiencias edilicias y las falencias en materia de seguridad y derechos humanos, siguen presentes en distintos establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires.
Foto: Comisión Provincial por la Memoria (CPM)
