Organismos de derechos humanos, fiscales y jueces federales encendieron las alarmas por la situación crítica que atraviesa el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el organismo clave para la identificación de bebés apropiados durante la última dictadura cívico-militar.
Según denunciaron Abuelas de Plaza de Mayo y distintas dependencias judiciales, el fuerte ajuste presupuestario impulsado por el gobierno de Javier Milei pone en riesgo el funcionamiento del organismo y podría paralizar tareas esenciales vinculadas a la búsqueda de nietos y nietas desaparecidos.
La advertencia surgió luego de que la directora técnica del BNDG, Mariana Herrera Piñero, enviara una nota a tribunales y fiscalías federales informando que el organismo atraviesa una “situación crítica de operatividad” debido a la insuficiencia presupuestaria. En el documento señaló que ya no están garantizados servicios básicos como limpieza, vigilancia y mantenimiento del edificio, una situación que podría afectar directamente la conservación de muestras biológicas y la cadena de custodia de pruebas judiciales.
Desde Abuelas advirtieron que la situación podría provocar “un daño irreversible” en investigaciones vinculadas a delitos de lesa humanidad y en la restitución de identidades. Actualmente, el BNDG conserva alrededor de 32.000 muestras biológicas relacionadas principalmente con casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, además de perfiles genéticos de familias que buscan hijos e hijas desaparecidos o personas que dudan sobre su identidad de origen.
El organismo, creado en 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín tras un pedido histórico de Abuelas de Plaza de Mayo, fue fundamental para resolver 140 casos de restitución de identidad. Además, es considerado un modelo internacional en materia de genética forense y derechos humanos.
La preocupación escaló rápidamente en el ámbito judicial. El juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar interina e intimó al jefe de Gabinete Manuel Adorni a garantizar el funcionamiento del organismo. En la resolución, el magistrado sostuvo que el BNDG cumple un rol “esencial e irremplazable” para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y advirtió que una interrupción de sus funciones podría afectar seriamente investigaciones judiciales en curso.
Ramos Padilla otorgó cinco días hábiles para que el Gobierno explique qué medidas adoptará para sostener al Banco. También requirió respuestas al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, respecto de las posibles consecuencias institucionales y judiciales derivadas de una eventual paralización.
En paralelo, el juez federal Ernesto Kreplak solicitó informes detallados sobre el estado de conservación de las muestras biológicas almacenadas y sobre distintos análisis genéticos ordenados en causas que tramitan en el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata. Kreplak intervino luego de presentaciones realizadas por la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE), encabezada por el fiscal Pablo Parenti, y por la Unidad de Derechos Humanos de La Plata.
Desde distintos sectores remarcaron que la crisis presupuestaria no solo afecta la búsqueda de nietos apropiados durante la dictadura, sino también investigaciones relacionadas con trata de personas, robo de bebés y otras violaciones al derecho a la identidad.
Abuelas de Plaza de Mayo denunció además que este sería el “tercer intento” del gobierno libertario de avanzar contra el BNDG. Recordaron que primero se intentó modificar su estructura mediante la Ley Bases y luego a través del Decreto 351/2025, que eliminó parte de su autonomía administrativa y lo subordinó a la órbita de la Jefatura de Gabinete. Aunque ese decreto fue posteriormente rechazado por el Congreso, denunciaron que nunca se restituyó plenamente la estructura previa del organismo.
La situación también generó preocupación en organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había advertido en su último informe anual sobre el impacto que las políticas de ajuste podrían tener en las políticas de memoria, verdad e identidad en Argentina.
En medio del conflicto, referentes vinculados a la restitución de identidad cuestionaron duramente al Gobierno nacional. Victoria Montenegro sostuvo que “las consecuencias podrían ser irreversibles” y remarcó que el BNDG es el organismo que permitió “hacer nacer a la verdadera vida” a cientos de personas apropiadas durante la dictadura.
Por su parte, Horacio Pietragalla Corti impulsa una sesión informativa en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para abordar la situación del Banco y exigir explicaciones al Gobierno nacional.
Mientras tanto, desde Abuelas reiteraron que aún faltan encontrar alrededor de 300 nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado y reclamaron al Estado nacional que garantice el financiamiento y funcionamiento de las políticas públicas vinculadas al derecho a la identidad.
