La Pampa judicializó la reforma de la Ley de Glaciares mediante un amparo que denuncia su inconstitucionalidad y el riesgo hídrico para la región, mientras en paralelo crece la mayor demanda colectiva de la historia impulsada por Greenpeace, Abogades Ambientalistas y FARN, que en apenas 24 horas ya suma cerca de 600 mil firmas ciudadanas para frenar un cambio normativo que pone en jaque las reservas de agua dulce del país.
La reciente sanción de la reforma a la Ley de Glaciares, lejos de traer la «seguridad jurídica» que el oficialismo y las empresas mineras prometieron en el Congreso, ha inaugurado un escenario de incertidumbre legal sin precedentes. Lo que para el sector extractivo se presentó como una simplificación de trámites, para gran parte del arco jurídico y ambientalista es un llamado directo al conflicto judicial. Tal como advirtieron legisladores de la oposición durante el debate, aprobar una norma que desmantela presupuestos mínimos de protección ambiental y desoye criterios científicos unificados solo garantiza que cada proyecto minero nazca bajo la sombra de una impugnación inminente.
El primer golpe en los tribunales llegó desde el gobierno de La Pampa. El gobernador Sergio Ziliotto, junto a la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones socioambientales, presentó un amparo colectivo para declarar la inconstitucionalidad de la norma. El argumento es contundente: la reforma rompe el principio de no regresión ambiental y pone en peligro las cuencas hídricas que abastecen a provincias que no tienen glaciares, pero sí dependen de ellos, como ocurre con el río Colorado. Para La Pampa, delegar en las autoridades locales de las provincias cordilleranas la potestad de decidir qué glaciares tienen «relevancia hídrica» no es un ejercicio de federalismo, sino una entrega de recursos compartidos que afectará la calidad y cantidad de agua para millones de argentinos.
Una demanda histórica: el poder de la firma ciudadana
Mientras la vía institucional avanza, la resistencia civil ha tomado una escala que ya califica como histórica. Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación de Abogados Ambientalistas han canalizado el malestar de quienes fueron ignorados en las audiencias públicas. La convocatoria para sumarse a una demanda colectiva nacional ha superado todas las expectativas: en apenas 24 horas el registro de adherentes ya casi alcanzó los 600 mil inscriptos y el número sigue escalando minuto a minuto.
Esta movilización busca demostrar que la legitimidad de la ley original, considerada pionera en el mundo, no puede ser reemplazada por una normativa redactada a la medida de intereses corporativos y aprobada tras acuerdos políticos de último momento. Al permitir que se realicen actividades industriales donde antes estaba prohibido, la nueva ley entra en contradicción directa con el artículo 41 de la Constitución Nacional, generando un vacío legal que, irónicamente, es lo más alejado a la estabilidad que un inversor podría buscar.
La oportunidad de frenar este retroceso sigue abierta a la participación. Quienes deseen sumar su respaldo y ser parte de esta acción judicial sin precedentes pueden hacerlo a través del sitio oficial demandacolectivaglaciares.org. La adhesión es un trámite sencillo, no genera compromisos legales para el ciudadano, pero le otorga una fuerza institucional aplastante al reclamo que se elevará a la Justicia. Es el momento de convertir el compromiso con el agua en un hecho jurídico concreto: si la voz de la sociedad no fue escuchada en el recinto, se hará sentir con el peso de cientos de miles de ciudadanos en los tribunales.
