Un Proyecto de Ordenanza para la Regulación del uso de Agroquímicos y el tratamiento de residuos fitosanitarios ingresó en los últimos días al Honorable Concejo Deliberante de Magdalena, como respuesta a una problemática ambiental que generó preocupación en la comunidad de Arditi y zonas rurales aledañas.
La iniciativa fue presentada por la concejal Mirna Gurina, integrante del Interbloque Fuerza Patria, luego del hallazgo de bidones de productos fitosanitarios arrojados en un arroyo bajo un puente del camino a Arditi. El episodio expuso riesgos ambientales y sanitarios concretos y reactivó el debate sobre el uso, control y disposición de este tipo de productos en el distrito.
Los productos fitosanitarios —también conocidos como agroquímicos— son sustancias que se utilizan en la actividad agropecuaria para proteger los cultivos, como herbicidas, insecticidas y fungicidas, destinados a controlar plagas, malezas y enfermedades. Si bien su uso está permitido dentro de determinados marcos legales, un manejo inadecuado, la aplicación sin control o el descarte incorrecto de sus envases puede generar riesgos para la salud de las personas, los animales y el ambiente, especialmente en zonas habitadas y cercanas a cursos de agua.
Desde el espacio señalaron que el proyecto surge “ante la demanda de la comunidad de Arditi y alrededores” y que representa “un primer paso para erradicar y poder controlar estas prácticas”, con el objetivo de avanzar hacia un marco normativo más claro y preventivo en todo el Partido de Magdalena.
El proyecto, tiene como objetivo central la protección de la salud humana, el ambiente y la producción agropecuaria sustentable, mediante la regulación del uso, manejo, aplicación y disposición final de productos fitosanitarios. La propuesta se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, en la Ley Provincial de Agroquímicos N.º 10.699, en la normativa nacional sobre residuos peligrosos y envases fitosanitarios, y en principios del Código Civil y Comercial vinculados a la tutela de los bienes colectivos.
Entre sus principales lineamientos, la ordenanza define con precisión qué se entiende por productos fitosanitarios y domisanitarios, y establece una clasificación territorial basada en el Código de Ordenamiento Urbano Territorial, diferenciando áreas urbanas, complementarias y rurales. En este esquema, se consideran también como área urbana a las escuelas rurales y viviendas habitadas, con el fin de reforzar su protección.
Uno de los ejes centrales es la regulación de los aplicadores y de los equipos de aplicación, tanto terrestres como aéreos. Se prevé la creación de registros municipales obligatorios, la exigencia de certificaciones técnicas, capacitaciones periódicas y la documentación detallada de cada aplicación, incluyendo datos como condiciones climáticas, productos utilizados y dosis aplicadas.
La iniciativa establece además distancias mínimas y zonas de exclusión para prevenir la deriva de agroquímicos. Las aplicaciones terrestres quedan prohibidas en áreas urbanas y complementarias, y limitadas en zonas rurales hasta los 100 metros de viviendas, escuelas, huertas y montes frutales. En el caso de las aplicaciones aéreas, la prohibición se extiende hasta los 200 metros de áreas sensibles.
En relación con las escuelas rurales, dispone que las aplicaciones solo podrán realizarse fuera del horario escolar y con un aviso previo mínimo, además de crear zonas de amortiguamiento donde solo se permiten productos de menor toxicidad, bajo control municipal y con receta agronómica obligatoria.
Aborda de manera específica la problemática de los envases vacíos de fitosanitarios, obligando al triple lavado o lavado a presión, prohibiendo su abandono, incineración o descarte en cursos de agua y banquinas, y estableciendo su entrega en centros de acopio autorizados. También se refuerza la protección de los recursos hídricos y se incorporan medidas específicas para la actividad apícola.
Por último, la ordenanza incorpora un régimen sancionatorio progresivo, que va desde llamados de atención y apercibimientos hasta multas, decomisos, suspensiones de registros y clausuras. Un porcentaje de lo recaudado será destinado a campañas de capacitación, educación ambiental y promoción de Buenas Prácticas Agrícolas, con el objetivo de prevenir nuevos episodios como el ocurrido en Arditi.
Desde el espacio impulsor remarcaron que el proyecto busca ordenar, prevenir y dar respuestas concretas a una preocupación manifestada por los vecinos, y señalaron que continuará el trabajo legislativo para avanzar en su tratamiento y debate en el ámbito del Concejo Deliberante.
