El rechazo de la Justicia a la homologación del acuerdo firmado entre la Municipalidad de Magdalena y la empresa Shell por el derrame de hidrocarburos ocurrido en 1999 sigue generando derivaciones políticas en el plano local. En ese marco, el bloque EPA presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de resolución que plantea la necesidad de revisar el camino recorrido y abrir una instancia de discusión pública sobre cómo continuar la causa.
El proyecto toma como punto de partida el fallo que desestimó el acuerdo firmado en 2009, mediante el cual Shell se comprometía a realizar un aporte económico de 9,5 millones de dólares, en el contexto de una negociación que incluía la baja de la demanda por parte del Municipio. En su resolución, el juzgado interviniente sostuvo que ese entendimiento no daba cuenta de la verdadera dimensión del daño ambiental ni permitía verificar una recomposición adecuada del ecosistema afectado. Además, remarcó que el ambiente es un bien jurídico de titularidad colectiva y que los acuerdos vinculados a daños ambientales deben ser evaluados a la luz de normas de orden público, y no como simples transacciones entre partes.
Desde el espacio que impulsa la iniciativa, los concejales Camila Daca y Juan Manuel Ihidoy, junto al referente del EPA Julián Ganón, difundieron un mensaje en redes sociales en el que señalaron que el fallo deja en evidencia los límites de un modelo de gestión que intentó resolver el conflicto “mirándolo solo desde lo económico”. En ese sentido, afirmaron que “no da lo mismo decir que el daño ya fue reparado” y que cualquier reparación debe ser real, proporcional y orientada a recomponer efectivamente el ambiente y a compensar de manera justa a la comunidad afectada.
El texto presentado en el Concejo subraya que el derrame de 1999 constituye uno de los hechos de mayor impacto ambiental, social y comunitario de la historia reciente de Magdalena, con consecuencias que no se agotaron en el momento del evento, sino que se proyectaron en el tiempo sobre los ecosistemas, las actividades productivas, el uso del espacio público y la vida cotidiana de vecinos y vecinas. En ese marco, se advierte que abordar el conflicto exige criterios integrales, transparencia y una participación social efectiva.
Uno de los ejes centrales del proyecto es el reclamo de acceso a la información y control institucional. Entre sus artículos, se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que informe al Concejo el estado actual de la causa judicial, las estrategias procesales adoptadas, las negociaciones realizadas y las acciones previstas a futuro. También se requiere la remisión de la totalidad de los antecedentes, informes técnicos y pericias vinculadas a la evaluación del daño ambiental, con el objetivo de permitir un seguimiento adecuado y discutir eventuales medidas de recomposición.
La iniciativa también propone que el Ejecutivo convoque de manera abierta y participativa a organizaciones sociales y ambientales, instituciones intermedias, especialistas y a la comunidad en general, para dar inicio a una nueva etapa de discusión tras el rechazo del acuerdo. El proyecto remarca que la participación ciudadana no es ajena a esta causa, sino que ha formado parte de su desarrollo histórico, y que está respaldada por principios del derecho ambiental contemporáneo, como los establecidos en el Acuerdo de Escazú y en la Ley General del Ambiente.
Desde el bloque EPA sostienen que la resolución del conflicto con Shell no puede definirse en ámbitos cerrados ni quedar limitada a criterios administrativos, ya que se trata de un asunto de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo local. En particular, ponen el foco en el valor ambiental y social del Parque Costero y en la necesidad de pensar su protección y recuperación como parte de un proyecto de futuro para Magdalena.
El fallo judicial, señalan, vuelve a poner en discusión cómo se evalúa el daño ambiental, qué se entiende por reparación y qué lugar ocupa la comunidad en decisiones que afectan bienes colectivos. Para los impulsores del proyecto, la oportunidad que se abre es la de fortalecer la transparencia, el debate público y el control democrático en una causa que sigue marcando a Magdalena más de dos décadas después del derrame.
