La Justicia Federal rechazó la homologación del acuerdo firmado en 2009 entre la Municipalidad de Magdalena y la petrolera Shell CAPSA para cerrar la demanda por el derrame de petróleo ocurrido en enero de 1999 frente a las costas del distrito. La resolución, dictada por el Juzgado Civil y Comercial Federal N.º 3 el pasado 30 de diciembre y notificada tras la feria judicial, justo en el Día Mundial de los Humedales, dejó sin efecto el pacto de 9,5 millones de dólares con el que se buscaba poner fin a uno de los conflictos ambientales más graves de la historia argentina.
El fallo marca un punto de inflexión en una causa que lleva más de dos décadas y cuestiona de fondo la estrategia política que, durante años, intentó clausurar el reclamo judicial mediante un acuerdo económico sin recomposición ambiental efectiva.
El orden público ambiental como límite
El eje central de la decisión judicial es contundente: los derechos ambientales son de orden público y no pueden ser objeto de una negociación privada que prescinda de los principios constitucionales. El tribunal sostuvo que el acuerdo no permite ejercer un control judicial efectivo y que la voluntad de las partes —ni siquiera respaldada por una consulta popular no vinculante y por ordenanzas del Concejo Deliberante— no puede colocarse por encima del artículo 41 de la Constitución Nacional y de la Ley General del Ambiente.
En ese marco, el juez consideró que el monto acordado en 2009 resulta arbitrario y carece de sustento técnico. El convenio no estuvo acompañado por estudios ambientales integrales, parámetros objetivos ni estimaciones económicas que permitan evaluar si los 9,5 millones de dólares guardaban relación con la magnitud real del daño provocado por el derrame del buque Estrella Pampeana, que vertió millones de litros de crudo en el Río de la Plata.
No hay daño ambiental actual, pero el acuerdo igual fue rechazado
Durante el extenso trámite judicial se produjeron pericias ambientales, químicas y biológicas, además de informes del Ministerio de Ambiente bonaerense, que coincidieron en señalar que actualmente no se detecta contaminación por hidrocarburos en el agua, los suelos, la vegetación ni la fauna, ni afectación del agua de consumo humano atribuible al derrame de 1999.
Sin embargo, el juzgado fue claro al señalar que esa constatación no habilita cualquier cierre del conflicto. El análisis —indicó— debe situarse en el momento en que el acuerdo fue celebrado, cuando no existía certeza técnica suficiente sobre la evolución del daño, y debe contemplar la obligación legal de recomponer el ambiente, no solo de fijar una compensación económica global sin destino ambiental específico.
Una causa sostenida por el activismo
Si esta causa no se archivó en el olvido, no fue por el accionar de las sucesivas gestiones municipales, ni mucho menos de la Nación y la Provincia de Buenos Aires que nunca se involucraron aunque el derrame había sido en aguas interjurisdiccionales, sino porque el activismo sostuvo el reclamo contra viento y marea. Durante casi tres décadas, organizaciones y grupos socioambientales como Ala Plástica, Casa Río y Colectiva Magdalena 318 han señalado que la dirigencia magdalenense buscó desesperadamente en 2009 el ingreso de dinero fresco a las arcas municipales a cambio de arriar las banderas del reclamo ambiental y judicial.
El acuerdo de 2009 solo produjo la caída de la demanda judicial y la desprotección del territorio. Mientras la clase política intentaba lograr fondos para la gestión municipal, el ecosistema del Río de la Plata seguía esperando una reparación que nunca llegó. La comunidad de Magdalena nunca se benefició de aquel pacto espurio hecho a la medida de Shell.
Renegociar o enfrentar la justicia
El rechazo a la homologación significa que la causa debe continuar «conforme su estado». Sin embargo, surge aquí el interrogante más sombrío: no hay ninguna seguridad de que el municipio de Magdalena vuelva a tener una actitud pública de denuncia activa y reclamo como la que mantuvo en los primeros años del litigio.
En comunicación con InformadorMgd, Mariano Aguilar, abogado de Leonardo Fediuk (el tercer interesado que sostuvo el reclamo de inconstitucionalidad), ponderó la decisión como un triunfo de la justicia ambiental. Aguilar aclaró un punto fundamental: el municipio no necesita reabrir la demanda desde cero, sino que el fallo obliga a reconfigurar el acuerdo de 2009, dado que su monto carecía de fundamentación técnica.
Para el letrado, esto abre una oportunidad histórica: Shell debe sentarse a negociar una cifra que se acerque a los 90 millones de dólares originalmente demandados para la reparación ambiental, en lugar de la «limosna» pactada hace 16 años de la que la comunidad nunca se benefició.
«El camino a seguir es renegociar públicamente y poner frente al juez el pedido de homologación con la Shell, en un monto debido y no diezmado, conforme un estudio adecuado a su época y actualizado, con más intereses por todos los ítems reclamados en la demanda; en orden todo ello a la destrucción del ambiente producido por la firma internacional Shell«, señaló Aguilar, que además pertenece a la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia.
También fue tajante respecto al rol del gobierno municipal: las autoridades deberán encarar urgentemente esta negociación para redefinir el monto. De no hacerlo, advierte que los funcionarios podrían ser «acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al omitir la defensa del patrimonio y el ambiente de los vecinos de Magdalena frente a una multinacional«.
Dado el prolongado desinterés del municipio en esta batalla —sostenida exclusivamente por la persistencia de actores sociales—, el interrogante ahora es político: ¿Asumirá el municipio el desafío de exigir una recomposición verdadera, o la desidia política terminará por concederle a Shell la impunidad que la justicia hoy le negó en los papeles?
Foto: Fernando Massobrio, archivo Casa Río Lab
