Durante una extensa audiencia pública convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, especialistas, organizaciones y referentes sociales expresaron un contundente rechazo al proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas sostienen que el procedimiento es “ilegítimo” y vulnera normas ambientales básicas.
Este lunes se realizó la audiencia pública sobre el “Informe de Gestión y Evaluación Ambiental” de la Vía Navegable Troncal del Paraná —conocida como “hidrovía”—, convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. La jornada se extendió durante 14 horas y contó con 247 expositores, de los cuales más del 90% manifestó su oposición a profundizar el dragado del río sin contar con estudios de impacto ambiental actualizados.
La instancia, planteada como un espacio de participación ciudadana, tuvo como objeto formal “poner en consideración” la documentación técnica vinculada al proceso de relicitación. Sin embargo, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial sostuvieron que se trató de una audiencia “ilegítima”, carente de las condiciones básicas de transparencia y acceso a la información.
Según indicaron, el procedimiento presenta múltiples irregularidades: la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental válido, la inexistencia de una línea de base y de una evaluación de impactos acumulativos, la falta de claridad en la información pública y la continuidad de obras de dragado que ya se encuentran en curso. Tales falencias —advirtieron— implican el incumplimiento del Acuerdo de Escazú, que garantiza el derecho a la participación y al acceso a la información ambiental.
A pesar de los obstáculos para participar —formularios impresos, escasa difusión y documentos técnicos desordenados—, la audiencia registró una amplia convocatoria de expertos, organizaciones socioambientales, comunidades isleñas, trabajadores del río, universidades, sindicatos, colectivos artísticos y ciudadanos autoconvocados. Según los abogados ambientalistas, lo que se expresó fue “una oposición transversal, masiva y bien argumentada”, que puso en evidencia la profundidad del rechazo a un modelo de gestión del río considerado extractivista.
Entre los argumentos centrales, se destacó la defensa del Paraná como fuente de agua potable para millones de personas, corredor de biodiversidad y soporte de humedales, además de territorio habitado por comunidades que dependen directamente del ecosistema fluvial. En ese sentido, los participantes alertaron que la profundización del dragado en el actual contexto de crisis hídrica podría agravar el deterioro ambiental del río, que atraviesa una de las bajantes más severas registradas.
“Pretenden profundizar aún más el cauce sin conocer las consecuencias ambientales que esto puede generar”, señaló Enzo Culazo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, en diálogo con el informativo FARCO. “Estamos frente a un proceso administrativo que busca legitimar obras ya iniciadas, sin cumplir con los requisitos legales básicos”, agregó.
En paralelo, los expositores reclamaron que el debate no se limite a un trámite formal y que se habiliten instancias de participación real para las comunidades costeras, pescadores, isleños y pueblos originarios. También recordaron que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, había observado meses atrás la falta de estudios de impacto ambiental en las actuaciones previas al llamado a licitación, subrayando que se trata de un requisito fundamental para la legalidad del proceso.
Desde la organización ambientalista sostienen que la audiencia, lejos de legitimar la iniciativa, evidenció su falta de respaldo social y jurídico. “El modelo de río que se intenta imponer no tiene licencia social. Exigimos la anulación del proceso y la suspensión inmediata de la licitación proyectada”, expresaron en un comunicado.
Al cierre de la jornada, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación anunció que en los próximos días se publicará un informe de cierre con el resumen de las ponencias y las respuestas técnicas a los planteos realizados. Sin embargo, entre los participantes persiste la preocupación sobre la continuidad del proceso y el futuro de la vía troncal, en un contexto donde el cumplimiento de la legislación ambiental sigue siendo la principal deuda del Estado en materia fluvial.
