El Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) dictó sentencia este miércoles contra Fernando Sabag Montiel, a quien condenó a 10 años de prisión por el intento de asesinato contra la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Junto con esa pena, el tribunal unificó otras condenas anteriores y estableció una pena única de 14 años. Además, Brenda Uliarte fue condenada como partícipe necesaria de homicidio agravado en grado de tentativa, con una sanción de 8 años de cárcel.
Durante el juicio, llevado adelante en los tribunales federales de Retiro, se presentaron 157 testigos para sustentar la acusación. En contraste, Nicolás Gabriel Carrizo, otro acusado en la causa, fue absuelto porque la fiscalía no formuló cargos en su contra.
El hecho juzgado remite al 1 de septiembre de 2022, cuando Sabag Montiel se acercó a Cristina Kirchner y disparó a muy corta distancia. En esa situación, Uliarte estaba presente cerca del lugar del ataque, según la imputación.
Críticas al fallo y limitaciones planteadas
La sentencia despertó cuestionamientos desde distintos frentes. Por un lado, el tribunal descartó agravantes que habían sido solicitados por la fiscalía y la querella, como violencia de género y alevosía. Esto generó fuertes críticas de sectores que esperaban una condena más severa.
El entorno de Cristina Kirchner manifestó que el veredicto dejó un “sabor a poco”. El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, cercano a la expresidenta, publicó en redes que “la justicia argentina no aplicó la pena máxima” e instó a que se investigue a los autores intelectuales del atentado, que hasta ahora permanecen impunes.
En la acusación original, la querella y la fiscalía habían pedido 15 años de prisión para Sabag Montiel, en línea con lo que consideran el máximo aplicable en casos de tentativa de homicidio con uso de arma de fuego. El tribunal, sin embargo, fijó una pena menor. Las defensas habían sostenido argumentos sobre estados de salud mental —peticiones que fueron rechazadas— y también objetaron pericias del arma utilizada, entre otras defensas técnicas que no prosperaron.
Además, hay expectativas por el fallo de los fundamentos que el tribunal anunció para el 9 de diciembre, ya que las partes (fiscalía, querella y defensas) anticipan apelaciones en varios aspectos del veredicto.
Contexto y discusiones abiertas
El debate público generado por el juicio resalta dos ejes centrales: por un lado, la dimensión política del atentado contra una figura con alto perfil institucional; por otro, las críticas al modo en que fue investigado el caso.
Durante las audiencias se expusieron versiones contradictorias sobre pruebas clave, como la manipulación del celular de Sabag Montiel. También se puso en foco la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti durante la instrucción, que incluyó el archivo de pistas vinculadas al dirigente Gerardo Milman y al borrado de mensajes en oficinas oficiales.
La querella cuestionó la falta de avances en esas líneas de investigación y denunció irregularidades que, a su juicio, debieron formar parte de un proceso más amplio. En su mensaje público, agrupaciones como La Cámpora pidieron que se investigue quiénes instigaron y financiaron el ataque, señalando la responsabilidad política detrás del episodio.
La condena resulta significativa porque define la consecuencia penal para los autores materiales del atentado, aunque deja muchos interrogantes sobre responsabilidades indirectas o estructurales.
