Aunque fue en una radio local de Punta Indio, la frase rápidamente se viralizó y generó repudio en todo el país. Jorge Pablo Cabrera, suboficial retirado de la Armada y referente de La Libertad Avanza en ese distrito bonaerense, fue imputado por la justicia federal por apología del delito e incitación al odio, luego de reivindicar públicamente el Ford Falcon verde —símbolo del terrorismo de Estado— como si fuera un vehículo de “justicia”.
“Un Falcon verde modelo ‘76… A este le abrís el baúl y todavía huele a justicia. Es una belleza…”, dijo Cabrera el 24 de junio durante su programa en La Libertad Avanza Radio, que se transmite por FM del Sur 103.7 de Verónica, la cabecera del municipio. Y no fue una sola vez: días después, el 15 de julio, repitió la misma idea, destacando con nostalgia que su papá tuvo uno y que “abrías el baúl y todavía olía a justicia”.
Las frases fueron captadas en video —el programa también se emite por streaming— y empezaron a circular rápidamente por redes sociales. La reacción no tardó en llegar. El InformadorMGD ya había publicado una nota el 16 de julio denunciando el episodio y señalando el repudio de distintos sectores sociales y políticos de Punta Indio.
A raíz de esto, se presentaron dos denuncias ante la justicia federal, una de un particular y otra de la Comisión Provincial por la Memoria. Ambas fueron unificadas, y la causa quedó en manos de la Unidad Fiscal especializada en crímenes de lesa humanidad de La Plata, que actúa ante el Juzgado Federal N°1, a cargo de Alejo Ramos Padilla.
¿Por qué es grave lo que dijo?
El Ford Falcon verde fue el auto más tristemente emblemático de la dictadura militar. Las fuerzas de seguridad lo usaban para secuestrar personas que luego eran torturadas, asesinadas o desaparecidas. Cabrera no solo hizo un chiste con eso, sino que lo celebró públicamente como si esos crímenes fueran algo justo.
Para la fiscalía —integrada por Gonzalo Miranda, Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira—, sus declaraciones fueron mucho más que un exabrupto: se trató de un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, que promueve el odio y reivindica delitos de lesa humanidad.
“Reivindicar como ‘justicia’ un instrumento asociado a secuestros y desapariciones forzadas significa desconocer los compromisos del Estado con la memoria, la verdad y la justicia”, remarcaron desde el Ministerio Público Fiscal.
¿Qué delito se le imputa?
A Cabrera se lo acusa de haber cometido apología del delito, una figura penal incluida en el artículo 213 del Código Penal, que sanciona con cárcel a quien públicamente celebre delitos. En este caso, los delitos en cuestión son los del terrorismo de Estado, considerados de lesa humanidad.
Además, se lo acusa de violar el artículo 3 de la Ley Antidiscriminatoria N.º 25.392, que castiga a quienes inciten al odio o a la persecución de grupos por motivos ideológicos o políticos. Según el MPF, sus declaraciones encajan perfectamente en ese encuadre legal.
“Aunque no haya llamado directamente a cometer nuevos crímenes, lo que hizo fue legitimar públicamente actos aberrantes del pasado, como si fueran gestas heroicas”, explicó la fiscalía.
Repercusiones políticas y sociales
Lo dicho por Cabrera generó repudio inmediato en Punta Indio. Organismos como HIJOS, la APDH y dirigentes de La Cámpora y la UCR local salieron a denunciarlo públicamente. Desde HIJOS Punta Indio expresaron:
“Ese ‘olor a justicia’ del que habla Cabrera es el olor del genocidio. Nos afecta directamente como familiares de víctimas del terrorismo de Estado”.
También advirtieron que este tipo de discursos no solo revictimizan a quienes sobrevivieron a la dictadura o perdieron seres queridos, sino que ponen en riesgo los consensos democráticos básicos construidos en Argentina desde 1983.
Libertad de expresión y sus límites
Aunque algunos defensores de Cabrera intentaron enmarcar sus dichos como una simple opinión personal o una “efeméride con humor”, la fiscalía fue clara: la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Y cuando esa expresión promueve discursos de odio o justifica el terrorismo de Estado, el Estado tiene la obligación de intervenir.
En ese sentido, citaron fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, donde se deja claro que los Estados pueden y deben poner límites cuando se trata de proteger la memoria histórica y los derechos humanos.
Lo que sigue
Con la imputación ya formalizada y el pedido de indagatoria presentado, ahora será el juez Alejo Ramos Padilla quien defina los próximos pasos. Mientras tanto, la causa se convierte en un caso testigo de cómo la justicia argentina sigue actuando frente a discursos negacionistas o que glorifican los crímenes del pasado.
Porque en democracia, decir que el baúl de un Falcon “huele a justicia” no es solo una frase polémica: es una forma de volver a justificar lo injustificable.
