La decisión del gobierno de Javier Milei de suspender por 48 horas el cobro de retenciones a las exportaciones de granos terminó convertida en un escándalo económico y político. Lo que en un primer momento fue presentado como una señal de apoyo al campo, se tradujo en un beneficio multimillonario para un puñado de grandes empresas exportadoras y en un nuevo golpe de confianza contra la gestión libertaria.
El decreto 682/2025, publicado el 22 de septiembre, eliminó transitoriamente las retenciones a las exportaciones de granos por un cupo de US$ 7.000 millones. El gobierno lo presentó como una medida para “aliviar al campo”, pero en la práctica se transformó en uno de los mayores traspasos de recursos de la historia reciente hacia un puñado de agroexportadoras.
En apenas 48 horas las grandes compañías —Cargill, Cofco, Bunge, Louis Dreyfus, Viterra, ADM y Molinos, entre otras— agotaron el cupo mediante la registración de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). El resultado fue una transferencia estimada en 1.500 millones de dólares que ni el Estado ni los productores verán nunca: dinero que quedó en manos de esas empresas.
El periodista agropecuario Matías Longoni fue categórico: “Ahora sí vamos a hablar un poco en serio sobre lo sucedido con la falsa eliminación de retenciones, que es uno de los fraudes más grandes que yo haya visto, mucho más grave que las Crypto de Javier e incluso que el 3% de Karina”. Según sus cálculos, “esos 1.500 millones son de los productores y del fisco, pero terminarán en manos de una decena de cerealeras”.
La medida, impulsada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, permitió que durante dos días —del lunes 22 al miércoles 24 de septiembre— se declararan operaciones de venta al exterior por más de 7.000 millones de dólares, principalmente de soja y derivados. Con esas DJVE (Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior) se habilitó que unas 15 millones de toneladas salgan sin pagar retenciones. El cupo, que se suponía vigente hasta fines de octubre, se agotó en apenas 48 horas.
El problema, advierten los especialistas, es que los exportadores hicieron esas declaraciones sin tener comprados los granos a los productores. Esto les permitirá, cuando finalmente adquieran la mercadería en el mercado interno, descontar retenciones en el precio pagado, mientras ellos exportarán al fisco como si no existieran. “La soja que compraron antes de esta semana ya la pagaron descontando retenciones. Y la venderán sin pagarlas al fisco. Pero la mayor parte de las DJVE que anotaron es por mercadería que todavía les queda por comprar”, explicó Matías Longoni.
El saldo, según su análisis, es uno de los mayores fraudes recientes: “En dos días de operaciones con retenciones 0%, esas exportadoras anotaron negocios por 7.000 millones y se cerró el cupo habilitado por el gobierno. Inicialmente iba a durar hasta el 31 de octubre, pero cerró el 24 de septiembre. Los productores no pudieron aprovechar nada. Todavía estaban viendo qué pasaba y los exportadores agotaron el cupo”.
Longoni estima que el fisco dejará de recaudar alrededor de 1.500 millones de dólares en retenciones. “En realidad esos 1.500 millones son de los productores: es plata que el Estado toma de los productores en sociedad con los exportadores. Pero en este episodio ni los productores ni el Estado verán un centavo: quedará en manos de una decena de cerealeras”, sostuvo.
La oposición política y varias entidades de productores denunciaron un “arreglo” entre Caputo y las grandes agroexportadoras para asegurar un ingreso rápido de divisas al Banco Central y evitar un salto mayor en la cotización del dólar. Según esa hipótesis, el gobierno entregó una ganancia extraordinaria a cambio de tres días de alivio cambiario. “Será el premio —o la tasa de interés— que cobrarán las multis del agro por adelantarle a Milei los 7.000 millones en divisas que necesita para que el dólar no explote”, resumió Longoni.
El antecedente histórico es la llamada “ley Martínez Raymonda”, creada en tiempos de Raúl Alfonsín y aplicada incluso durante el macrismo, que impedía anotar exportaciones sin tener previamente comprada la mercadería. Esa norma buscaba evitar exactamente lo que ocurrió esta semana: que las cerealeras congelen alícuotas de retenciones en su propio beneficio. Sin embargo, la desregulación impulsada por Federico Sturzenegger habría dejado al Estado sin herramientas legales para revertir la maniobra.
El desenlace deja múltiples damnificados: el Estado, que resigna ingresos; los productores, que seguirán cobrando precios descontados como si las retenciones siguieran vigentes; y la propia credibilidad del gobierno, que prometía “terminar con los privilegios” pero terminó ampliándolos. “Caputo o es cómplice o es un boludo de novela”, disparó Longoni, reflejando la indignación que recorre al sector.
