El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Sanitaria en Salud Pediátrica, ambas aprobadas por el Congreso en agosto. Desde los gremios docentes y no docentes ya confirmaron un paro universitario nacional para este viernes 12 de septiembre en rechazo a la decisión.
El veto al financiamiento universitario se formalizó a través del Decreto 647/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que anuló la norma sancionada el pasado 21 de agosto. En paralelo, mediante el Decreto 651/2025, el Ejecutivo también vetó la emergencia pediátrica. Ambos proyectos serán devueltos al Congreso para que sean nuevamente tratados por las dos cámaras.
Frente a la medida, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD) convocó a una huelga general y adelantó que estudiantes de distintas universidades impulsan asambleas y no descartan la toma de establecimientos. “Docentes, estudiantes y no docentes convocamos a toda la población a acompañarnos a una marcha nacional contra el veto a la educación”, señaló Antonio Rosselló, de la mesa ejecutiva de la AGD, quien precisó que la movilización se realizará en Buenos Aires y en las principales ciudades del país el día en que Diputados trate el veto.
La ley había sido aprobada en Diputados con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. La cifra quedó a un solo voto de alcanzar los dos tercios necesarios para blindarla frente al veto presidencial. En la misma sesión también se sancionaron la declaración de emergencia pediátrica y los proyectos de los gobernadores para redistribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles, iniciativas que también serían objetadas por el Ejecutivo, que tiene plazo hasta esta semana.
Qué establecía la Ley de Financiamiento Universitario
La normativa fijaba una recomposición presupuestaria indexada por inflación para el período entre mayo y diciembre de 2024, con actualización bimestral en 2025 destinada a los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.
Además, obligaba al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en un porcentaje no inferior al IPC acumulado. También imponía la convocatoria a paritarias con carácter obligatorio en un plazo máximo de tres meses y con actualizaciones mensuales acordes a la inflación.
El texto incluía, asimismo, la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles desde diciembre de 2023 y garantizaba los créditos presupuestarios para asegurar su continuidad.
La Casa Rosada argumentó que la ley carecía de una partida específica de financiamiento y que su aplicación ponía en riesgo el equilibrio fiscal, considerado un pilar del programa económico oficial. Según la explicación del Gobierno, implicaba un “aumento desproporcionado del gasto público sin respaldo”.
