Durante la tarde del miércoles 10 de septiembre, la Plaza de Mayo se transformó en un aula a cielo abierto. Docentes, estudiantes, gremios y trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron más de cuarenta clases públicas, ferias de ciencia, charlas y actividades artísticas frente a la Casa Rosada para rechazar el inminente veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada semanas atrás por el Congreso.
La jornada fue organizada por FEDUBA, AGD-UBA, centros de estudiantes y otros gremios, con la participación de investigadores del Conicet, incluyendo al equipo del stream submarino de Mar del Plata. Con pizarrones, sillas y aulas improvisadas al aire libre, docentes de distintas disciplinas enseñaron durante toda la jornada, entre 9.30 y 18.30, visibilizando la crisis salarial y presupuestaria de las universidades.
La consigna de la protesta fue “Si hay veto, hay marcha”. Julia Benito, presidenta del Centro de Estudiantes de Exactas, remarcó que “los estudiantes defendemos nuestro sistema universitario y científico, que garantiza soberanía, desarrollo y futuro para la Argentina”, mientras que Pilar López Barcala, de FADU, sostuvo que “la defensa de la educación pública y la ciencia está ligada a la defensa de todos los derechos sociales que hoy están siendo vulnerados”, en un contexto de pérdida salarial y ajuste fiscal que también afecta a jubilados, hospitales y otros sectores vulnerables.
Entre las actividades destacadas de la jornada se incluyeron una clase sobre salud y cuidados dictada por Alicia Stolkiner, charlas sobre jubilaciones, asambleas abiertas de no docentes, talleres de primeros auxilios en contexto de represión y la presentación de la muestra fotográfica y archivística “El Maestrazo: genealogía de luchas y resistencias en la huelga docente de 1988”. Además, se realizó una clase sobre la defensa del Garrahan, la universidad y la ciencia con la participación de investigadores del Conicet y representantes gremiales.
El proyecto de financiamiento universitario, aprobado en agosto, establece un incremento gradual del presupuesto hasta alcanzar, como mínimo, el 1,5% del PBI en 2031, garantiza la actualización de los fondos según la inflación, la creación de becas estratégicas, mejoras en infraestructura, condiciones laborales y salariales para docentes y no docentes, y fortalece la investigación y la extensión universitaria. Sin embargo, el gobierno de Milei insistió en su intención de vetar la ley bajo el argumento de un supuesto superávit fiscal, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que no habrá cambios en su postura.
La situación salarial en la universidad pública es crítica: los docentes requieren un aumento de casi 50% para recuperar el poder adquisitivo desde 2023, con una caída acumulada de más del 30% entre noviembre de 2023 y julio de 2025. La asfixia presupuestaria y la falta de paritarias generaron un éxodo de al menos 10 mil docentes en todo el país, afectando la calidad educativa y la investigación pública.
En este contexto, la CONADU y la AGD-UBA anunciaron que, de concretarse el veto presidencial, se implementará un paro nacional con cortes, ruidazos y movilizaciones frente al Congreso, preparando además una tercera Marcha Federal Universitaria que unirá los reclamos de docentes, no docentes, estudiantes, investigadores y otros sectores sociales, para exigir un financiamiento real de la universidad pública, salario digno y aumento de becas estudiantiles.
