En una jornada histórica, el Senado de la Nación rechazó por 63 votos contra 7 el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad y convirtió la norma en ley. La norma establece la emergencia hasta 2026, con medidas como la actualización de aranceles de prestadores, la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y la regularización de deudas del sistema de salud. Las agrupaciones de discapacidad de Magdalena celebraron la decisión parlamentaria. En el distrito ya se habían denunciado en junio y julio graves problemas con las auditorías de la ANDIS, antes de que estallaran las denuncias de corrupción en el organismo.
La votación se dio en un contexto político sensible, ya que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei, quedaron envueltas en denuncias de coimas, sobreprecios en medicamentos y desvío de préstamos millonarios en dólares destinados al área. Afuera del Congreso, cientos de familias y organizaciones celebraron la decisión legislativa que obliga al Gobierno a aplicar la norma.
Desde Magdalena, las agrupaciones que vienen sosteniendo reclamos locales recibieron la noticia con satisfacción. Ana Clara Romano, integrante de Madres y Padres TEA Magdalena, afirmó que “este resultado genera un alivio y alegría enorme” y subrayó que “la votación y el acompañamiento del Senado deja un mensaje claro, los derechos adquiridos no pueden ser vulnerados, y no se va a retroceder”, lo que calificó como “un hito que reafirma la importancia de la lucha colectiva por una sociedad más justa”.
En la misma línea, la organización Magdalena Sin Barreras sostuvo en un comunicado que “como culminación de una difícil lucha, el Senado reconoció la justicia del reclamo de las personas con discapacidad, sus familiares, profesionales e instituciones de apoyo” y remarcaron que “el veto presidencial se rechazó en una contundente respuesta del poder legislativo, a un veto a todas luces infundado y cruel”. Agregaron además que “todo ello se da en el marco del escándalo de las coimas en la ANDIS, los sobreprecios en la compra de medicamentos y el aparente desvío de préstamos millonarios en dólares a los que se dio un destino incierto”.
Reclamos en Magdalena
El festejo de hoy llega después de meses de conflictos locales por la aplicación de estas políticas. En junio, familiares y organizaciones denunciaron como “escandalosa” la decisión de la ANDIS de realizar auditorías de pensiones no contributivas en un local comercial de ortopedia y rehabilitación, sin condiciones de accesibilidad ni resguardo de la información personal. En ese momento, Ana Clara Romano había advertido que “es un escándalo elegir como punto para la auditoría de las personas con discapacidad un local comercial (…) me parece que roza lo ilegal”.
En julio, las agrupaciones Madres y Padres TEA y Magdalena Sin Barreras presentaron ante el Concejo Deliberante un proyecto de comunicado dirigido al Gobierno nacional en el que manifestaron su “profunda preocupación” por las consecuencias del proceso de auditorías de pensiones, denunciando “destrato, desorganización y discriminación institucional”. Según el escrito, en Magdalena el 50% de las personas con discapacidad no pudo acceder al trámite por fallas en las notificaciones.
A este panorama se sumó un pedido de informes presentado en el Concejo por la concejal María Laura Molina, de Unión por la Patria, quien planteó que “el lugar donde están convocando a las personas con discapacidad para la revisión de las pensiones vulnera todos los derechos” y que “el municipio debiera gestionar con la ANDIS para garantizar un trato digno y la preservación de los derechos, situación que no están pudiendo resolver”.
La sanción de la Emergencia en Discapacidad fue recibida en Magdalena como una victoria colectiva y un mensaje de esperanza para miles de familias.
