La difusión de audios que comprometen a Karina Milei y los hermanos Martín y «Lule» Menem desató una reacción inédita del gobierno: denuncias penales y civiles, pedidos de allanamientos a periodistas y empresarios, y un fallo exprés que prohíbe difundir las grabaciones. Una ofensiva que busca correr del centro el verdadero escándalo: las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y la interna feroz de La Libertad Avanza.
El viernes por la noche, cuando el canal de streaming Carnaval publicó los primeros audios, la Casa Rosada entró en pánico. En el despacho de Santiago Caputo se reunieron funcionarios para diseñar la respuesta. Dos días después, la movida quedó plasmada en dos denuncias. La civil derivó en una cautelar firmada por el juez Alejandro Maraniello —con múltiples denuncias por acoso y abuso— que prohibió a todos los medios y redes sociales reproducir el material, aun sin haberlo escuchado. La penal recayó en el juzgado de Julián Ercolini, con la fiscalía de Carlos Stornelli.
La denuncia penal fue presentada por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich y redactada por su abogado de confianza, Fernando Soto. Allí, el Gobierno describe la filtración como una “operación con patrones rusos y chavistas” y pone en la mira a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, al dirigente de la AFA Pablo Toviggino y al abogado Franco Bindi. El escrito incluso pide allanar domicilios particulares e incautar servidores, discos y consolas de edición.
Lo llamativo es lo que la denuncia no dice. No menciona a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia de Discapacidad, ni las coimas ni los medicamentos, ni el famoso “3 por ciento para Karina”. Tampoco reconoce que los audios surgieron del propio círculo libertario: algunos fueron grabados dentro de la Casa Rosada, un lugar al que no acceden kirchneristas, venezolanos o rusos. En lugar de investigar esa interna, el Gobierno prefiere hablar de un complot extranjero.
El fallo de Maraniello fue duramente cuestionado. “La interdicción de la censura previa es un contenido esencial de la libertad de expresión”, recordó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Y el abogado Pedro Camino fue más directo: “Ninguna autoridad tiene atribuciones para impedir la difusión de información de interés público”.
En un hecho que recuerda las tácticas del periodismo en épocas de represión dictatorial, el comunicador uruguayo Eduardo Preve, de Radio M24, anunció que difundirá desde Montevideo nuevos audios del Audiogate, eludiendo así la prohibición dictada en la Argentina.
Mientras tanto, las tensiones dentro de La Libertad Avanza siguen al rojo vivo. La diputada Marcela Pagano, recientemente distanciada del oficialismo, acusó en el Congreso al secretario de Estrategia Nacional, José Luis Vila, de estar detrás de las filtraciones, obligando a Guillermo Francos a defenderlo.
La estrategia es clara: victimizarse, hablar de conspiraciones extranjeras y censurar a la prensa para evitar que se hable del saqueo en Discapacidad y de la interna libertaria que estalló con los audios. Pero la maniobra difícilmente logre tapar lo evidente: los audios reales, el contenido es de interés público y el Gobierno responde con represión judicial y censura previa, una combinación peligrosa para la democracia.
