El partido entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de la Copa Sudamericana, terminó en un escándalo internacional. Con el marcador 1-1, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera suspendió el encuentro tras los graves incidentes en la tribuna visitante. Horas más tarde, la Conmebol lo canceló por “falta de garantías de seguridad”.
El saldo es grave: 19 heridos (tres de ellos de gravedad), más de 100 detenidos y escenas de hinchas lanzándose al vacío para escapar de las agresiones.
Según los reportes, la violencia comenzó con la hinchada visitante, ubicada en la tribuna alta. Los fanáticos de la U de Chile arrancaron y lanzaron butacas, trozos de concreto, palos e incluso sanitarios hacia la tribuna baja, donde se encontraban los hinchas de Independiente. Algunos testimonios sugieren que la agresión pudo haber sido una respuesta a un intento de la barra disidente de Independiente de robar banderas.
A pesar de la agresión inicial, el caos escaló cuando la barra oficial de Independiente, que había mantenido una postura pasiva, decidió atacar. Con la complicidad o inacción de la seguridad, la barra oficial cruzó el estadio, ingresando al sector de la tribuna visitante para agredir y humillar a los pocos chilenos que aún no habían sido evacuados.
Fallas en el operativo
El dispositivo de seguridad mostró falencias preocupantes: falta de controles eficaces, vallados insuficientes y la irrupción de la barra oficial de Independiente en sectores donde se encontraban los visitantes. Lo que debía ser un partido de alto riesgo terminó en un escenario de violencia evitable.
Grindetti y el club
El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, buscó desligar responsabilidades y apuntó contra la parcialidad chilena. Sin embargo, las imágenes evidencian también la acción de barras locales. Desde Chile, el repudio fue inmediato: Marcelo Díaz calificó las declaraciones como “desafortunadas” y el presidente Boric pidió explicaciones.
Bullrich y la disputa política
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intervino de inmediato, pero lo hizo con un marcado sesgo político: centró sus críticas en la gestión bonaerense y buscó instalar el tema en clave electoral, cuando todavía había heridos sin asistencia adecuada. Su actitud dejó la sensación de que la prioridad fue capitalizar el episodio antes que asumir responsabilidades compartidas en la prevención.
Conmebol en la mira
La Conmebol también quedó cuestionada: permitió un operativo débil para un partido de riesgo y reaccionó recién cuando la violencia ya había escalado. La decisión de cancelar el encuentro fue correcta, pero llegó tarde. El contraste es evidente: mientras exige estándares elevados para estadios y patrocinios, la seguridad de los hinchas no siempre recibe la misma atención.
Un tema internacional
El conflicto traspasó lo deportivo: la Cancillería chilena exigió explicaciones oficiales y familiares de los heridos denunciaron desprotección. Lo ocurrido en Avellaneda dejó en evidencia una cadena de responsabilidades: dirigentes que minimizan, autoridades que priorizan la disputa política y una Conmebol más preocupada por el negocio que por la seguridad en la cancha.
