El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención de diez personas vinculadas a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo por la producción y distribución de fentanilo contaminado, que causó la muerte de al menos 96 personas en todo el país. La investigación judicial, sin embargo, no se limita a los empresarios, sino que ahora se extiende a los funcionarios y organismos del Estado encargados de controlar los medicamentos.
Entre los diez detenidos se encuentra el propietario de los laboratorios, Ariel García Furfaro, sus hermanos, su madre, y directivos y directores técnicos de ambas empresas. Las detenciones se produjeron tras allanamientos realizados por la PSA y la Gendarmería Nacional.
El Instituto Malbrán y el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema jugaron un papel clave en la causa al confirmar graves irregularidades en la fabricación de los lotes de fentanilo. Se detectaron más de 45.000 ampollas con bacterias letales en el sistema de salud. Estas falencias en el proceso de producción y control de calidad habrían sido determinantes para que los lotes contaminados salieran al mercado y causaran un «riesgo sanitario concreto» para miles de pacientes.
A pesar de las detenciones de los empresarios, el juez Kreplak ha puesto el foco en la actuación de los organismos estatales. Fuentes judiciales informaron que el magistrado busca investigar las “omisiones y/o connivencias” de los órganos de control del Gobierno Nacional.
Como primera medida, Kreplak revocó el rol de querellante del Ministerio de Salud de la Nación, argumentando que su «genérico interés por la salud pública» no era suficiente para mantenerlo en esa posición. Esta decisión se basa en la sospecha de que podría haber responsabilidades por acción u omisión en la cartera que conduce Mario Lugones y en la ANMAT, el organismo regulador.
La investigación apunta a que la ANMAT habría permitido la circulación de los lotes contaminados incluso después de haber detectado irregularidades. Se señala una demora en la prohibición del producto, que recién llegó en mayo, cuando ya se habían registrado decenas de muertes. Un extrabajador de HLB Pharma denunció que la ANMAT avisaba con antelación las inspecciones, lo que permitía a la empresa ocultar las irregularidades y falsificar los controles de calidad.
Este giro en la investigación genera sospechas sobre la connivencia entre los empresarios y los organismos de control, y pone en el centro del debate la responsabilidad política y estatal en este crimen social que conmociona al país.
