por Jacqueline Ramos – Eco.Chivilcoy
La Corte Suprema de Justicia de la Nación nos dio la razón. Lo que venimos denunciando desde hace años, ahora tiene respaldo judicial definitivo: el agua que tomamos en Chivilcoy debe cumplir con el límite de 0,01 mg/L de arsénico, como lo establece el Código Alimentario Argentino. No hay más discusión, ni zonas grises o “interpretaciones”, hay una sentencia firme, que reconoce nuestro derecho básico al agua segura. Y eso es una conquista de la comunidad, de las vecinas y vecinos organizados, de quienes no bajamos los brazos.
Pero la pregunta inevitable es: ¿y ahora qué?
Porque mientras esa sentencia avanza en los despachos, ABSA sigue distribuyendo agua con niveles altísimos de arsénico, muy por encima del máximo permitido. Nos siguen enfermando, nos siguen envenenando. Y lo más perverso: nos cobran por eso. Si no pagás la boleta, te intiman. Si te quejás, queda en la nada. Tenés que comprar bidones, instalar filtros, pagar dos veces por un derecho que debería estar garantizado.
Y la empresa no es la única responsable. ¿Dónde está el Estado? ¿Quién hace cumplir la sentencia? ¿Qué instancia judicial garantiza que lo que se ordenó se cumpla de verdad? Porque tener razón en los papeles no alcanza cuando lo que sigue saliendo de la canilla es veneno.
A nivel local, la situación no es mejor. En Chivilcoy existe la Comisión Fiscalizadora del Agua creada por ordenanza en el Concejo Deliberante. Pero es una comisión fantasma ya que no funciona, nadie convoca, nadie exige y nadie fiscaliza. Los concejales que deberían estar del lado del pueblo, no toman cartas en el asunto. El intendente, tampoco. Aquello que, en su primera elección, allá por el 2016, lo convocaba, hoy es como si el problema no existiera.
Entonces, sí: ganamos una batalla, pero no ganamos la guerra.
La lucha por el agua segura no terminó. Sigue, y parece que la seguimos dando las mismas personas de siempre: quienes no tenemos cargos, ni sellos, ni presupuesto, pero sí convicción y memoria, quienes nos organizamos, reclamamos, denunciamos, y no nos resignamos.
La Corte habló. Nos reconoció el derecho. Ahora falta que alguien haga cumplir ese derecho. Porque si el agua sigue saliendo contaminada, si nadie sanciona a la empresa, si nadie activa los mecanismos de control, entonces no hay fallo que valga. Porque la verdad es ésta. Y como lo venimos diciendo hace años, el agua no es un negocio, es vida. Y la vida no se discute ni se vende.
