El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno avanzará con la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), a través de un “esquema mixto” que contempla la transferencia del 90% de las acciones al sector privado. Según detalló, el proceso se llevará adelante mediante una licitación pública nacional e internacional para definir al nuevo operador, y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores.
Adorni señaló que la iniciativa contempla la continuidad de los trabajadores como accionistas dentro del Programa de Propiedad Participada, actualmente vigente, que representa el 10% del capital social de AySA.
Para justificar la medida, el vocero sostuvo que desde su estatización en 2006, la empresa demandó aportes del Estado por 13.400 millones de dólares, y que “indicadores clave muestran un fuerte deterioro en su infraestructura”. También apuntó contra el crecimiento de la planta de personal, que aumentó un 90% bajo gestión estatal, y contra el nivel de morosidad de los usuarios, que según dijo, trepó al 16% cuando históricamente se mantenía en torno al 4%.
AySA forma parte del listado de empresas incluidas en la Ley Bases como “sujetas a privatización”, junto con otras siete compañías estatales. Enarsa, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos e Intercargo figuran entre los principales objetivos del plan oficial de achicamiento del Estado.
Desde Casa Rosada dejaron trascender en los últimos días que el pliego para licitar AySA “está prácticamente listo”. Mientras tanto, la gerencia de la empresa —encargada del suministro de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense— elaboró un informe en el que asegura que, gracias al aumento de tarifas aplicado en 2024, la empresa logró alcanzar el superávit.
A pesar de las críticas esgrimidas por Adorni, el Gobierno utiliza ese dato para promocionar a AySA como una compañía rentable y atractiva para el mercado: “constituye una buena inversión de negocios”, señalan.
El antecedente de los ’90
AySA fue creada en 2006 para reemplazar a Aguas Argentinas, la firma controlada por la francesa Suez que había ganado la concesión en 1993, durante la ola privatizadora del gobierno de Carlos Menem.
Los reiterados incumplimientos contractuales —entre ellos, la contaminación con nitratos en distintas localidades y la baja presión en amplias zonas del área servida— motivaron la rescisión del contrato y el retorno del servicio a manos estatales.
Durante la gestión pública, entre 2006 y 2015, más de 3 millones de personas fueron incorporadas al servicio de agua potable, elevando la cobertura al 83,3%. En el caso de los desagües cloacales, se sumaron más de 2 millones de habitantes, alcanzando el 63,3% de cobertura.
“La privatización de la empresa permitirá modernizar el precio y la calidad del servicio”, sostuvo Adorni, en una reivindicación directa del discurso de los años ’90.
