La jueza de Nueva York, Loretta Preska, rechazó este lunes el pedido de la Argentina para suspender la sentencia que la obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que iniciaron una demanda por la expropiación de la petrolera. Con esta negativa, el país tiene plazo hasta el jueves 17 para solicitar directamente a la Cámara de Apelaciones que le conceda esa suspensión.
El Gobierno argentino ya había apelado la decisión original de Preska la semana pasada ante la Cámara del Segundo Circuito. En esa presentación, anticipó que, si recibe otro fallo adverso, podría llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos.
El fallo de Preska, emitido el 30 de junio, ordena que el Estado argentino transfiera su participación mayoritaria en YPF como forma de pago de una sentencia que lo condena a abonar US$16.000 millones. Los demandantes son los fondos de inversión Burford Capital (Reino Unido) y Eaton Park (EE.UU.), especializados en litigios internacionales.
Aunque la sentencia ya había sido confirmada en septiembre de 2023, el gobierno de Alberto Fernández apeló en octubre. Sin embargo, al asumir Javier Milei, la nueva gestión debía presentar garantías en enero de 2024 para sostener esa apelación, pero no lo hizo. Esta omisión habilitó a los demandantes a avanzar con embargos, incluyendo el 51% de YPF que aún pertenece al Estado (el 49% restante está en manos privadas y cotiza en bolsa).
Pese a diversas presentaciones durante el proceso, incluso una del Departamento de Justicia estadounidense a favor de Argentina, Preska ratificó su postura en contra del país.
El litigio se originó tras la estatización del 51% de YPF que poseía la española Repsol, impulsada en 2012 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con apoyo parlamentario, incluida parte de la oposición. Sin embargo, el juicio no está vinculado a esa porción —por la cual Repsol fue indemnizada en 2014—, sino al 25% de las acciones que el Grupo Petersen, vinculado a la familia Eskenazi, adquirió en 2007 con aval del entonces presidente Néstor Kirchner.
Ese ingreso fue parte del proceso de “argentinización” de YPF: los Eskenazi no pagaron inicialmente, sino que acordaron abonar con las ganancias futuras de la empresa. Pero tras la reestatización en 2012, dejaron de percibir dividendos y no pudieron seguir cumpliendo con los pagos acordados con Repsol y los bancos financiadores. La deuda se judicializó y, por orden de la Justicia, se transfirió el derecho a litigar en caso de venta (o nacionalización) de menos del 100% de la petrolera, como preveía el estatuto de YPF.
De esta forma, el fondo buitre Burford Capital adquirió esos derechos y presentó la demanda en los tribunales de Nueva York. Eaton Park también se sumó, en su caso, por haber tenido una participación del 3,5% en YPF. Así se configuró el juicio que hoy compromete al Estado argentino.
