Con 56 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el Senado convirtió en ley la Emergencia en Discapacidad, una demanda histórica del colectivo de personas con discapacidad, sus familias y organizaciones. La iniciativa ya había obtenido amplio respaldo en Diputados y busca dar respuesta a una crisis agudizada desde la asunción de Javier Milei. Durante la sesión, cientos de personas acompañaron desde la calle para visibilizar la urgencia de la situación.
La norma contempla aumentos inmediatos para prestadores de salud, educación, rehabilitación y transporte, cuyos ingresos permanecen congelados desde hace siete meses. También revierte las restricciones impuestas por el Gobierno para acceder a pensiones por invalidez. El costo fiscal de la ley, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, oscila entre el 0,2% y 0,4% del PBI. A pesar de ello, el presidente Milei ya anunció que vetará la norma, como lo hará con todas las leyes aprobadas en la Cámara alta este jueves.
“Esta ley es un salvavidas. Es nuestra única esperanza para que las instituciones que acompañamos a personas sin recursos no tengamos que cerrar”, dijo Daniel Ramos, presidente de CAIDIS. Y agregó: “El ajuste no puede sostenerse sobre el padecimiento de las personas”.
La ley aborda dos puntos críticos:
- Prestadores congelados: más de 100.000 trabajadores del sistema —médicos, enfermeros, transportistas, acompañantes, docentes— atienden a unas 250.000 personas. Sus ingresos llevan siete meses congelados, con una pérdida frente a la inflación de casi 70 puntos. El proyecto obliga al Gobierno a actualizar los valores mensualmente según el IPC e incluye un bono compensatorio retroactivo.
- Pensiones restringidas: el Gobierno endureció el acceso a pensiones por invalidez, exigiendo una “invalidez laboral total” del 66% y volviéndolas incompatibles con el empleo formal. Además, un informe oficial estima que unas 400.000 pensiones podrían ser dadas de baja tras una auditoría. La nueva ley revierte ese criterio: bastará con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Organizaciones de todo el país celebraron la sanción. “Es un paso clave para enfrentar una crisis estructural”, señaló el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hubo marchas en varias provincias bajo el lema “¡Todos unidos por la Emergencia en Discapacidad!”
“Logramos romper con décadas de exclusión. No podemos retroceder”, sostuvo Eduardo Maidana, de Aiepesa. Desde REDI, advirtieron: “Seguiremos alertas ante el veto. Exigimos a Diputados que defiendan a quienes garantizan nuestra autonomía, cuidado, educación y derecho al trabajo. Nada sobre nosotres sin nosotres”.
