El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, con aval de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, llevó adelante una serie de allanamientos y detenciones en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, tras una denuncia del diputado libertario José Luis Espert. La acusación: un pasacalle con un insulto y bosta en la vereda de su casa, en Beccar. Hasta el momento hay cinco personas detenidas, entre ellas la concejala quilmeña Eva Mieri y la militante Alexia Abaigar, presa desde hace una semana. «Pusieron bolsas mortuorias con nuestras caras en Plaza de Mayo, encontraron molotov frente a la casa de Cristina, me dejaron una bala en casa, por todo esto no sacaron ni un oficio», denunció la intendenta de Quilmes. Mayra Mendoza.
Desde el bloque de Unión por la Patria y organismos de derechos humanos se denunció una ofensiva judicial con fines políticos. Durante una conferencia de prensa en el Congreso, familiares de las y los detenidos relataron allanamientos violentos y sin presencia judicial. “Aunque tengamos miedo, estamos acá, la lucha sigue”, dijeron compañeros de militancia.
«A falta de gas y trabajo, bueno es un show de allanamientos, detenciones y persecución política. No es casual que en medio de la crisis con el suministro de gas, el aumento de la desocupación y la huida de dólares de parte de los propios especuladores financieros que se beneficiaron escandalosamente con el carry trade, desde el gobierno de Milei y Bullrich se monte este show de persecución y criminalización de opositores, para saturar los medios y desviar el debate sobre los reales problemas que vive la gente», señaló un referente del peronismo bonaerense a InformadorMgd.
Daniel Llermanos, abogado defensor, describió el trato que recibió Abaigar y apuntó contra la magistrada. “Cuando estábamos en el juzgado, la jueza nos convidó chocolates Lindt y, minutos después, ordenó su traslado a una cárcel federal sin contemplar su estado de salud. Fue una puesta en escena. La trasladaron encadenada al piso de una camioneta. Y no me dejaron estar presente en las pericias del Cuerpo Médico Forense”, declaró a un matutino porteño.
La ministra Patricia Bullrich publicó fotos de las personas esposadas y difundió en su cuenta de X la imagen de Mieri detenida. “La concejal tira caca, detenida”, escribió, y agregó: “Ella y todos sus cómplices ya lo saben: las hacen, las pagan”.
El abogado Bienvenido Rodríguez Basalo, representante de Mieri, advirtió que se están utilizando figuras penales “sin relación con los hechos”. “Transformaron una tira de caca en un delito contra el orden público. Es una barbaridad jurídica”, dijo.
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, denunció: “Estamos viviendo una dictadura en democracia, no hay delitos, es persecución política. No tiene ninguna lógica jurídica lo que están haciendo. Solo los mueve el odio. Pusieron bolsas mortuorias con nuestras caras en Plaza de Mayo, encontraron mochilas con molotov frente a la casa de Cristina, me dejaron una bala en la casa que comparto con mi hija, y vivo diariamente con amenazas a mí y a mi familia. Por todo esto no sacaron ni un oficio”.
Los abogados advirtieron sobre la utilización sistemática de la prisión preventiva. “¿Quién puede sostener que estas personas significan un peligro o pueden fugarse?”, plantearon. Para las organizaciones de derechos humanos, el operativo busca disciplinar a quienes piensan distinto. “Sin libertad política, la democracia está más que en peligro”, alertaron en un comunicado.
Los bloques peronistas en la Legislatura bonaerense también repudiaron el accionar de la justicia con un duro comunicado en respaldo a la concejala quilmeña: “Los bloques de diputados y senadores de Unión por la Patria de la Provincia de Buenos Aires repudiamos los allanamientos ilegales realizados en casas particulares de militantes políticos. También expresamos nuestra absoluta solidaridad con las y los compañeros víctimas de esta persecución”.
