Una jueza estadounidense ordenó a la Argentina entregar el 51% de YPF a fondos buitres

La jueza neoyorquina Loretta Preska ordenó este lunes que el Estado argentino entregue el 51% de las acciones de YPF como forma de pago a los fondos demandantes que litigan por la reestatización de la petrolera en 2012. Se trata de una decisión en el marco de la sentencia que condenó al país a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación, aunque el fallo todavía puede ser apelado ante una instancia superior en Estados Unidos.

Los fondos beneficiarios de esta resolución son Burford Capital —con sede en el Reino Unido y especializado en litigios financieros— y Eaton Park, de Estados Unidos. En septiembre de 2023, la jueza Preska ya había confirmado la sentencia contra la Argentina. El gobierno de Alberto Fernández apeló la decisión, y en enero de 2024 la gestión de Javier Milei debía presentar garantías para sostener esa apelación. Sin embargo, según señaló el asesor financiero Sebastián Maril, el nuevo gobierno omitió hacerlo.

Esa omisión habilitó a los demandantes a solicitar el embargo de activos argentinos, incluyendo el 51% de YPF en manos del Estado. El 49% restante está en manos privadas y cotiza en bolsa. Luego de una serie de presentaciones de ambas partes —incluyendo una del Departamento de Justicia de EE.UU. en respaldo a la Argentina—, Preska emitió su decisión.

El conflicto judicial se originó tras la expropiación del 51% de YPF que estaba en poder de la española Repsol, impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y aprobada por el Congreso con apoyo incluso de sectores de la oposición. No obstante, la disputa legal no gira en torno a ese porcentaje —ya que Repsol fue indemnizada en 2014—, sino al 25% que había adquirido el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, en 2007, con el aval del entonces presidente Néstor Kirchner.

Los Eskenazi ingresaron a la petrolera sin desembolsar dinero inicial, mediante un acuerdo que les permitía pagar su participación con las futuras utilidades de la empresa, en lo que se conoció como la «argentinización» de YPF. Sin embargo, tras la reestatización en 2012 y la suspensión del reparto de utilidades, el Grupo Petersen dejó de percibir ganancias y no pudo seguir cumpliendo con los pagos a Repsol y los bancos acreedores. Esos pasivos terminaron en juicio, y como parte de los acuerdos, los fondos litigantes adquirieron los derechos para demandar en caso de que se violara el estatuto de YPF —el cual establecía que, para nacionalizar la compañía, debía comprarse al menos el 100% de sus acciones.

Así, Burford Capital compró los derechos del juicio y llevó el caso a los tribunales de Nueva York. Eaton Park, por su parte, también pudo litigar por haber tenido el 3,5% de YPF. Ambos fondos ganaron el litigio ante Preska, aunque actualmente hay dos apelaciones en curso, y una tercera podría sumarse si se impugna la orden de entrega de acciones.

Un interrogante central es quién defiende hoy los intereses del Estado argentino. La representación recae en la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo del abogado Santiago Castro Videla. El dato llamativo es que antes de asumir el cargo, trabajaba en el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, cuyo socio Alberto Bianchi asesoró precisamente a Burford Capital en este mismo juicio.